viernes, 17 de abril de 2020

El Covid-19 ha obligado a que temas esquivos para la economía como las cesantías, el seguro de desempleo y una renta básica sean asuntos de seguridad para los más desfavorecidos

EditorialLR


El Covid-19 en Colombia ha sido más disruptivo que cualquier mandatario o ministro, ha obligado no solo a abordar temas complicados, sino a también a ejecutar acciones en asuntos económicos muy espinosos a los que antes se les sacaba el cuerpo solo con mencionarlos: pensiones, cesantías, impuestos, renta básica, calidad de la salud, hospitales, subsidios, arrendamientos, reducción de salarios, créditos blandos, administradoras de riesgos laborales, entre otros aspectos que en su conjunto retratan la calidad de vida de un país.

Por fortuna, el Gobierno Nacional no ha sido inferior al reto que le ha impuesto la crisis del coronavirus y ha tomado el toro por los cuernos logrando que esos temas socioeconómicos sean tan sensibles como siempre debieron serlo. Hay una verdadera cascada de normas y decretos adoptados en el marco de la emergencia económica por la calamidad pública que aqueja al país; situación que solo está por 30 días, pero podrá extenderse a 90 días calendario si las anomalías sociales y de mercado persisten.

Pero más allá de la estrategia de choque coyuntural adoptada por el Consejo de Ministros quedará en el ambiente político la importancia de que el país de una vez por todas enfrente su realidad social en las dimensiones de salud e ingresos para los 14 millones de familias que componen la sociedad. Se ha actuado con prontitud y eficiencia en la esfera legal, pero ha quedado suelta su verdadera ejecución o puesta en marcha.

Por ejemplo, el sistema financiero (bancos, pensiones, seguros) van por las escaleras mientras el Gobierno ha tomado el ascensor para atender una pandemia que ha obligado a un cambio de paradigmas como ninguna guerra mundial o crisis financiera lo había hecho. Muchos sectores económicos están siendo afectados con mayor fuerza como el transporte aéreo, los hoteles, los restaurantes y el deporte, mientras otros le han sacado partido a la situación como la logística de entrega de alimentos, las tiendas minoristas, los supermercados y obviamente los productores de bienes y servicios vinculados a la salud.

Todavía no se puede hacer un corte de cuentas ni hablar de la economía post-coronavirus, pero no se puede dejar morir el debate sobre la verdadera utilidad de las cesantías, la necesidad de un seguro contra el desempleo y por qué no adoptar el concepto de renta básica, una suerte de ingreso mínimo vital que se pueda gastar en la canasta familiar, solo para los estratos socioeconómicos de menores ingresos.

Se ha avanzado mucho con la devolución del IVA para esos mismos estratos, con el Sisben y con el sistema de subsidios en los servicios públicos, aspectos que no se pueden escapar a una buena auditoría dado que hay muchos avivatos que siempre se quieren colar en esas ayudas sociales sin necesitarlas. El Covid-19 debe dejar esa herencia, que dicho sea de paso, ya la había abordado el Congreso de la República con el establecimiento de una prima extralegal y un reajuste en el salario mínimo, que necesariamente deberá ser rediseñado por horas, sectores y regiones.

No obstante, todas esas ayudas -hijas del Covid-19- no pueden convertirse en un incentivo a la cero capacitación y búsqueda de trabajo formal. El país tiene una gran oportunidad de dar un salto social sin precedentes si todas las ayudas son racionales y se enfocan donde existen las verdaderas necesidades.

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