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Está claro que la Federación de Cafeteros tiene que desmarcarse del Gobierno y que debe haber una línea entre lo público y lo privado, pero poco a poco
Con motivo del anunciado relevo en la presidencia de la Federación Nacional de Cafeteros, ha vuelto a calentarse el tema sobre la reingeniería que debe hacerse al negocio, las relaciones entre el Gobierno y el gremio y las eventuales ayudas a los productores por parte del fisco debido a la caída en el precio de compra por efecto de la disminución en las cotizaciones externas. Sin duda que el tema merece toda la atención, no solo por lo que representa el café para el país en términos de identidad nacional en el exterior y su contribución al desarrollo económico y social de Colombia, sino porque socialmente no puede desconocerse: más de 500.000 familias viven de la actividad, es un importante generador de bienestar y un instrumento determinante en la ocupación del espacio agropecuario, clave para la tranquilidad en el campo.
Lo anterior no implica para nada dejar de reconocer que las condiciones de los mercados son distintas al pasado y en particular en los últimos años los modelos de comercialización han sufrido transformaciones que en el caso del grano se dio especialmente luego de la terminación del pacto internacional de cuotas que expuso el producto a la libre competencia, para lo cual debieron ajustarse las reglas a los nuevos requerimientos de competitividad sectorial. Sin embargo, hay que aceptar que esos cambios han ido mucho más lentos que las necesidades y hoy se reclama un ajuste como prerrequisito para poder mantener lo mejor posible el nivel de vida de los cafeteros, pero lo que sí no se puede hacer en aras de la globalización o de la ortodoxia, es dar un salto al vacío por el solo prurito de acomodarse a unos postulados teóricos.
Sin duda que el esquema cafetero de comercialización, con la garantía de precio y compra de la cosecha requiere ajustes, pero nadie puede desconocer que el modelo ha funcionado y ha permitido la prosperidad y sostenibilidad en las zonas productoras. Incluso, un modelo aproximado debería tenerse en otras actividades del campo para evitar su desprotección, en el entendido que las particularidades de la producción agraria son muy distintas a las de sectores como la industria y otras actividades urbanas.
En lo que sí se debe trabajar con toda seriedad es en la redefinición de las relaciones institucionales entre el Gobierno y el gremio. Hay que aceptar que esta es una actividad privada como otras y lo que requiere es el apoyo y unas reglas de juego claras, pero no la interferencia oficial. Por ejemplo, no tiene sentido alguno que el nombre del presidente de la Federación deba tener el beneplácito del Gobierno para poder llegar al cargo. Esta debe ser una decisión autónoma y libre por parte de los productores. En el mismo orden, hay que trabajar el futuro del Comité Nacional de Cafeteros, organismo en el que gobierno y gremio participan para el diseño de la política del sector, cuando se pensaría que ya no debe haber un trato excepcional para ninguna actividad privada, por importante que sea. Incluso, ese privilegio podría dar pie a discusiones legales sobre su conveniencia.
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