Bancos deben ir con prudencia por reportados

Todas las personas con algún tipo de obligación financiera pueden ser susceptibles de dejar de pagar alguna obligación adquirida con un banco, una empresa de celulares o cualquiera de los productos y servicios que haya adquirido a plazos. En un país como Colombia, de bajo crecimiento sostenido y poca generación de nuevos puestos de trabajo formales, es altamente posible quedarse sin empleo y caer en morosidad en sus acreencias. Todas las instituciones financieras y las empresas que venden sus productos y servicios están en la obligación de cobrar esa cartera morosa o entregársela a oficinas especializadas en recuperarla; no se trata de falta de ética o moralidad, es cuestión de responsabilidad con la estabilidad de los negocios, sus socios, inversionistas y empleados.

Ahora bien. Si una persona o una empresa ha caído en mora o no pago de alguna acreencia debe ser reportada a una base de datos de morosos para que el sistema encienda alertas en el momento que soliciten nuevos créditos. Ese ha sido el mecanismo tradicional que filtra el acceso al crédito, ciertamente obsoleto por las nuevas tecnologías de inteligencia artificial y por la misma competencia. Por todo lo anterior, la decisión de la Corte Constitucional de darle vía libre a la ley de ‘borrón y cuenta nueva’ es un gana y gana para todos. Para los bancos porque los obliga a modernizar sus sistemas de riesgo crediticio y les abre la puerta a un mercado interesante de viejos morosos que deben pagar sus deudas para volverse sujetos de préstamos o de servicios financieros; se estima que más de 10 millones de colombianos están en esa situación y que una buena parte de ellos quiere volver a tener buen nombre bancario. Pero lo más importante es que debe ser discrecional del sistema prestarle o no a alguna persona natural o jurídica, incluso competir por dichos sujetos proscritos de nuevos créditos y entregados a los sistemas delictivos del “gota a gota” que se han impuesto en algunos sectores económicos y se han tomado regiones enteras del país. La norma dicta que si el titular del crédito se pone al día con las cuotas atrasadas, cumple con las obligaciones prescritas o si logra acuerdos de pagos con la entidad financiera, debe esperar a que se cumplan los plazos de la amnistía para que las centrales de riesgos eliminen el reporte.

Lo que se convierte en un verdadero partidor de una suerte de economía sumergida. Hay bancos líderes de estos segmentos informales, por lo general, que están compitiendo por esos clientes con tasas de microcrédito que son más altas que las ordinarias. El filtro debe ser el monto de la tasa cobrada a estos clientes, por lo cual no es descartable que la Superintendencia Financiera se pronuncie sobre la viabilidad de eliminar la certificación de la tasa de usura, de tal manera, que el sistema bancario no solo crezca en bancarización, sino en alternativas de costo del dinero para estos préstamos con alto riesgo.

El sistema financiero es un ejemplo de prudencia con el manejo del dinero de los colombianos y sobre el cual descansa la estabilidad de la economía colombiana, aunque no sobra recomendar máxima prudencia con las colocaciones en tiempos de recuperación económica y de borrones y cuentas nuevas, pues siempre en el horizonte hay aves agoreras que presagian peligros impagos que a todos arruinan.