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Frente a la posibilidad que el Gobierno Nacional radique en la próxima legislatura un proyecto de reforma tributaria estructural y ante la reciente ola de críticas derivadas del trámite de la reforma a la justicia, resulta pertinente sugerirle algunos consejos al grupo que juiciosamente viene trabajando el proyecto tributario y que tendrá la dura tarea de impulsarlo en el Congreso de la República.
Aún sin conocerse el texto que será presentado al Congreso, es factible anticipar que existirán muchos intereses alrededor de las modificaciones que serán sugeridas y que no será una tarea fácil para el Gobierno mantener intacto el texto del proyecto que se radique finalmente. Es más, técnicamente no es competencia del Gobierno mantener la integridad del proyecto dentro del Parlamento, porque precisamente la división de poderes del Estado le atribuye el trámite y la aprobación de las leyes al Congreso de la República.
No pretendo defender en lo absoluto lo ocurrido con la denominada "reforma a la justicia" ni considero pertinente ocuparme de un tema que ya ha sido tratado en múltiples oportunidades por analistas expertos en la materia. Sin embargo, frente a lo que pueda ocurrir con el proyecto de reforma tributaria es preciso hacer claridad sobre cuál es la competencia del Gobierno y del Congreso respecto al proceso de creación de las leyes, la cual se podría resumir en que aquel propone pero es este último quien debate, modifica y aprueba finalmente el texto que se convertirá en ley.
Por lo anterior, resulta conveniente que el Gobierno analice la posibilidad de presentar la reforma tributaria estructural estableciendo en forma clara cuál sería el grupo de nuevas disposiciones que se someten a consideración del Congreso y aquellas que son normas ya existentes que simplemente serían objeto de una nueva numeración dentro de la codificación tributaria. El Congreso no debería ocuparse del debate de aquellos artículos cuyo contenido corresponde a normas que hoy se encuentran vigentes y que ya fueron debatidas y aprobadas en oportunidades anteriores.
En este orden de ideas, habría que considerar una metodología que permita identificar plenamente cuáles serían las nuevas disposiciones dentro del proyecto y las que corresponden a normas ya existentes pero que se incorporan bajo una numeración distinta a la actual. Esto le permitiría al Congreso enfocarse sobre lo que realmente sería materia del proceso de creación legislativa, le daría celeridad al trámite de la reforma y evitaría que se modifiquen innecesariamente normas ya existentes o se introduzcan los conocidos "micos".
El hecho de tratar normas que hoy se encuentran en aplicación como si se tratara de una nueva disposición, también conduciría a que se abriera de nuevo la puerta para que cualquier ciudadano demandara su legalidad ante la Corte Constitucional, transgrediendo así el principio de cosa juzgada. No voy a negar que esa posibilidad despierta una gran tentación, resultaría muy interesante ver cuál sería la orientación que tendrían algunos fallos de la Corte respecto de ciertas normas cuya constitucionalidad fue analizada en un momento histórico diferente y en una época en la cual la evolución de la jurisprudencia en materia tributaria era incipiente. Lo que en su momento fue considerado como ajustado al marco legal hoy bien podría resultar contrario a los principios constitucionales.
Por último, aunque parecería ser un tema menor, la metodología del proyecto también cobra importancia para mantener intacta la aplicación de los decretos reglamentarios que hacen referencia expresa a determinados artículos dentro del estatuto tributario. El simple cambio de numeración no debería conducir a que todos estos decretos pierdan su vigencia o aplicación práctica, por eso el Gobierno tendrá que implementar un sistema similar al cambio de la nomenclatura urbana que permita saber cuál era la antigua numeración de las normas que serán reordenadas dentro de la nueva codificación tributaria que se esperaría tener aprobada antes de finalizar este año.
