Menos abogados y más ingenieros

Desde hace varias décadas la forma mas fácil de hacer plata en Colombia es licitar, anticipar, incumplir y demandar. Los célebres primos Nule elevaron esta metodología a un arte y lograron convertirse por un tiempo en los nuevos cacaos del país.

Pero no son los únicos y si bien existen numerosas empresas de ingeniería y de construcción que operan apegadas a la mejores prácticas, en el sector de la infraestructura la litigiosidad, la mediocridad y hasta la mala fe tienden a ser muy extendidas. De hecho el chiste en el último congreso nacional de la infraestructura era que entre los asistentes había más abogados que ingenieros presentes.

Hace unos días, por ejemplo, el novelón del túnel de La Línea llegó a su capítulo más álgido.  Después de meses de disputa pública entre el contratista, Carlos Collins, y el Invías, el Mintransporte y hasta el Vicepresidente de la República, finalmente se anunció la caducidad del controvertido contrato. 

Lo más interesante del asunto es que, por lo menos ante la opinión pública, la noticia de la audiencia nada tuvo que ver con el problema, es decir una obra estratégica que lleva diez años en construcción, sino con los pormenores procesales de la decisión. 

En el mundo donde los pájaros le tiran a las escopetas, la discusión se centró sobre la conducta de los funcionarios públicos y no sobre la del contratista, quien debería explicar porqué, habiendo hecho un contrato “llave en mano” donde él asume riesgo, lo ha modificado diez veces, extendiendo el plazo de 70 a 89 meses con desembolsos, según la Contraloría,  de 98% de los recursos para un avance total de obra de 75%.  

La ministra de Transporte en una reciente visita constató que el túnel “no está terminado ni se va a terminar en cuarenta días”, como lo había dicho Collins,  ya que “no hay una sola obra completamente terminada en este contrato”. Es más, la funcionaria dijo que como van las cosas no se acabaría la obra ni en cuatro años más. 

Sin embargo, a la abogada del contratista le pareció mas importante amenazar a los funcionarios públicos alegando que habían incurrido en los delitos de “usurpación de función de pública” y “fraude procesal”, que en presentar formulas para sacar adelante una obra clave para el desarrollo nacional. 

Pero ahí no se acaba la historia. Además del matoneo a los funcionarios, que ya es usual, el contratista fallido tiene el descaro de anunciar una reclamación por la fantástica suma de $400.000 millones que supuestamente le quedamos debiendo los contribuyentes por su desprendida gestión contractual.  Valga decir que el valor inicial del contrato era de $622.000 millones, lo cual quiere decir que según Collins, los colombianos debemos desembolsar $1 billón a cambio de un chircal en la mitad de una montaña.

No parece justo. Como tampoco parece justo que la autopista Bogotá-Girardot lleve doce años de adjudicada y que irónicamente se acabe primero la concesión que la terminación de la obra. Por su parte el aeropuerto Eldorado acabó siendo una “pichurria” como lo había advertido premonitoriamente el alcalde Lucho Garzón hace casi una década y lo pudo confirmar cualquier viajero que lo hubiera padecido en la temporada alta.

Y ni hablar de la doble calzada a Tunja, la cual es una colcha de retazos viales y donde el contratista ha hecho hasta lo imposible por envolatar la variante de Ventaquemada, que salvaría el Puente de Boyacá, pero insiste en construir la desviación de Tocancipá, que fue adjudicada televisivamente por Uribe en consejo comunitario. O del aeropuerto de Palestina va a costar más que un portaaviones nuclear. 

Por eso, para que haya justicia, necesitamos en la infraestructura más ingenieros y muchos menos abogados.