En defensa del Presidente Uribe

Hace unos días el alcalde de Bogotá, comentando sobre el controvertido informe de Human Rights Watch sobre los falsos positivos, sentenció que “en cualquier sociedad con valores democráticos ese expresidente”, refiriéndose al hoy senador Uribe,  “debería estar preso”.

Uuuuuumh. 

Hagamos un poco de historia. Hace cuarenta años un grupo guerrillero, que se lanzó a sí mismo como si fuera un insecticida de marca M-19, (“parásitos…gusanos?...espere”, era el slogan de la campaña de expectativa), prácticamente se inventó el terrorismo en Colombia. 

Y no solo eso, también fueron pioneros en el género de los realities asesinos, como los del Estado Islámico, cuando secuestraron a un prestigioso dirigente sindical, José Raquel Mercado, para enjuiciarlo porque estaba “entregado el imperialismo”.

(El macabro concurso consistió el someter a votación “popular” si lo mataban o no y la gente podía expresar su veredicto escribiendo grafitis en las calles, unos por el “sí” y otros por el “no”. La decisión, como es usual en las convenciones del género, estaba predeterminada y el 19 de abril de 1976 lo botaron acribillado en un sardinel en la 63 con 50).

Podríamos seguir con la cadena de crímenes del ‘Eme’. El robo de las armas del Cantón Norte que les sirvió para expandir su ola de violencia por todo el país, el secuestro de Camila Michelsen y, por supuesto, la alianza narco-guerrillera que culminó en la toma del Palacio de Justicia; junto con miles de delitos más cometidos contra campesinos, trabajadores, indígenas y, en general, en contra de todo el pueblo colombiano.

Se pregunta uno entonces, sí en cualquier sociedad con valores democráticos, una banda terrorista como fue el M-19, debería tener derecho a reinsertarse como si nada, a posar de héroes constitucionales y a exigir que se les aplique a otros la justicia que le fue negada a sus numerosas víctimas.

No obstante la grotesca hipocresía de quienes habiendo sido terroristas ahora exigen verdad y justicia, lo cierto es que el informe de HRW tiene, como lo dijo el mismo José Vivanco, un alcance de denuncia fáctica para servir de insumo, poco novedoso valga decir, para la justicia penal y no busca ser un manifiesto de alcances políticos.

Sugerir entonces que el Presidente Uribe tiene algún tipo de responsabilidad en los hechos, algo que HRW ni siquiera insinúa, es a lo menos calumnioso. El Presidente Uribe fue elegido en 2002 y reelegido en 2006 por una sólida mayoría de los colombianos para recuperar la seguridad, lo cual se logró dentro del marco de la constitución y la ley, de cara al país, y con el acompañamiento amplio de la comunidad internacional.

La lucha del Presidente Uribe, no solamente fue exitosa como lo demuestran ampliamente todas las estadísticas, sino que la preservación de la seguridad es la piedra angular del estado de social derecho, sin la cual no es posible brindarle ninguna otra garantía a los ciudadanos.

Así mismo, ya en términos prácticos, es bueno recordar que la razón principal por la cual los señores de las Farc están negociando su desmovilización y desarme en Cuba es el éxito indiscutible de política de seguridad democrática.

El finado ‘Mono Jojoy’, en una de sus histriónicas intervenciones, vaticinó que la guerra la perdían cuando acabaran negociando la paz en una iglesia en Alemania. Se equivocó de país y de sitio, pero uno podría decir que un reservado en el Centro de Convenciones de La Habana es básicamente lo mismo que una capilla en Maguncia.

Por otra parte, extender responsabilidades objetivas por asociación jerárquica indirecta al Presidente Uribe y a sus ministros de defensa por las conductas ilícitas de algunos mandos militares es, además de absurdo, jurídicamente insostenible. Tanto en la acción como en la omisión, tiene que haber intención, algo que el Alcalde no debería tomar en serio ni en sus fantasías más paranoicas. 

Sería tanto como atribuirle al presidente de la junta del White Star Line la cual culpa porque el vigía del Titanic se quedó dormido y no vio el iceberg.