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Las noticias que el país recibió en torno a la justicia transicional que se aplicará durante el posconflicto han hecho renovar las esperanzas de que efectivamente tendremos paz el año entrante. O para utilizar la bella metáfora del Papa : que se aproxima un día sin ocaso.
Aunque quedan naturalmente algunas facetas de la filigrana jurídica por aclarar (lo que se hará al divulgar el acuerdo que está en mora de publicarse), es evidente que el haber llegado a unos acuerdos básicos sobre justicia transicional es un paso trascendental que hay que recibir con entusiasmo.
Este clima de optimismo y que en el horizonte se vislumbre ya una fecha precisa (23 de marzo de 2016) para concluir las negociaciones de paz, hace ahora especialmente urgente concretar otro tema especialmente importante: la financiación del posconflicto.
Se ha dicho que el posconflicto es costoso, y es cierto. Pero mucho menos que la guerra. Si se firma la paz el año entrante significará que desde ese mismo momento habrá que empezar a financiar el posconflicto (un periodo de tiempo que fluctúa entre ocho y diez años), al cabo del cual la paz se estabilizará. Pero es necesario comenzar a hacerlo desde 2016. El primer año es clave.
El posconflicto que no es otra cosa que una serie de inversiones públicas, de cambios institucionales, y de modificaciones en la misma mentalidad ciudadana, que deben permitir que al cabo de dicho proceso se cicatricen las heridas que necesariamente deja una guerra de sesenta años. Y podamos consolidar una sociedad más progresista y equitativa que la que recibió la trágica marca de hierro de la guerra.
Preocupa en consecuencia que los aprestamientos financieros para atender el posconflicto aún no comienzan. O se ven muy incipientes por el momento. Cuando estamos a menos de un semestre de comenzar dicho pos conflicto. La política fiscal del país no se ha puesto a tono con los requerimientos del posconflicto.
Estudios recientes, por ejemplo de la “misión rural” en asocio con Fedesarrollo, muestran que en los años venideros habría que invertir en desarrollo rural (en bienes públicos de los acordados en el punto uno de La Habana) no menos de un punto incremental del PIB por año para cumplir con el calendario de inversiones indispensables para aclimatar la paz. Esto significa no menos de $8 billones adicionales por año. No son cábalas: son cifras concretas.
Y lo cierto es que miradas las cosas por el prisma del Presupuesto General de la Nación para la vigencia del año entrante no se ha apropiado un centavo para este propósito trascendental. Por el contrario, ha habido recortes severos en inversiones cruciales del posconflicto. Algo se viene haciendo por lado de la cooperación internacional es cierto. Pero en el frente doméstico no se ha hecho casi nada hasta la fecha. Y esto es muy preocupante. Pues si alcanzamos la paz, luego de tantas dificultades, sería lastimoso que le quedáramos mal al posconflicto.
En un libro que acaba de publicar el profesor Mauricio Plazas (Hacienda Pública y posconflicto en Colombia, editorial Temis) se muestra la inquietante situación- no revelada aún a plenitud- de las finanzas públicas y los alarmantes déficit por cubrir en materia de posconflicto.
No solamente la paz debe ser un día sin ocaso. Debe ser también un día sin nubarrones financieros que comprometan la viabilidad del posconflicto.
