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El desarrollo del turismo en el país requiere instituciones e infraestructura con la capacidad de responder a las necesidades de un mercado que, si bien ha tenido épocas de crecimiento exponencial, no ha encontrado soluciones a los problemas estructurales que lo aquejan. La falta de planificación; las deficiencias en la infraestructura del país, especialmente en la red vial, que hacen imposible recorrer Colombia de manera eficiente por esa vía; los altos niveles de informalidad laboral, y los retos persistentes en materia de seguridad y orden público, hacen que el desarrollo de este mercado se vea truncado.
Y es que, en el primero de los frentes, el institucional, las respuestas han sido débiles. Sufrimos un Estado desarticulado que parece más preocupado por gravar y sacar provecho e ingresos de un mercado que genera grandes réditos para el país en materia de empleo -aunque con la problemática de la informalidad- que por facilitar su desarrollo. Su falta de supervisión sobre el sector y la incapacidad para ofrecernos una infraestructura que permita el desarrollo de este y otros sectores de la economía son evidentes. A ello se suma la desarticulación existente entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, que impide la implementación de políticas públicas sólidas y consistentes con las necesidades del país en la materia.
Ejemplo de ello son nuestros aeropuertos. En un país con limitaciones importantes en materia vial, carente de un sistema férreo que permita una movilidad eficiente y aquejado por el control que ejercen grupos armados ilegales en buena parte del territorio nacional, lo que hace imposible desplazarse por vía terrestre a un número importante de zonas con gran potencial turístico, resulta fundamental contar con aeropuertos modernos y con la capacidad suficiente para responder a la alta demanda que vive el sector.
No obstante, la realidad es otra. Ciudades con gran potencial turístico sufren las consecuencias de aeropuertos obsoletos. Cali, Barranquilla, Pasto, Santa Marta, Quibdó y Cartagena son ejemplo de ello. Se trata de infraestructuras reducidas y desorganizadas, a las que se les han aplicado ajustes cosméticos que poco o nada contribuyen a la ampliación de su capacidad. El caso de Barranquilla, por ejemplo, es peculiar. La ciudad que aspira a ser la capital satélite del país y a desarrollar grandes eventos deportivos y culturales lleva años, si no décadas, tratando de finalizar un aeropuerto que, aun terminado, ya no responderá a la demanda que se espera para la ciudad. De Cartagena ni hablar. La ciudad turística por excelencia es víctima de una infraestructura que colapsa con el retraso de un vuelo y que se ha acostumbrado a ofrecer a los turistas el suelo como lugar de espera ante las demoras. Pasto es otro ejemplo; padece un aeropuerto que, a pesar del maquillaje realizado hace apenas unos años, sigue siendo una lotería para los pasajeros que lo utilizan en términos de operatividad. Incluso Bogotá, la ciudad que recibe el mayor flujo de turistas del país, ya empieza a sufrir los efectos de los retrasos en la construcción de El Dorado 2 (ahora denominado El Dorado Max), un proyecto que, al parecer, solo entrará en operación en 2035, muy a pesar de que se viene hablando de él desde hace más de diez años.
El nuevo gobierno tiene una oportunidad de oro en esta materia. El desarrollo de estas infraestructuras supone no solo la posibilidad de ampliar nuestra capacidad turística, sino también los efectos positivos que representa la construcción de infraestructura en términos de empleo, inversión y desarrollo regional. En esa tarea le corresponde planear y ejecutar eficientemente obras que tengan la capacidad de responder a las necesidades del país durante las próximas décadas.
Pero el debate no puede seguir girando alrededor de remodelaciones superficiales, ampliaciones marginales o anuncios que se postergan gobierno tras gobierno. Colombia debe decidir si quiere ser una potencia turística o seguir administrando la escasez. Resulta contradictorio promover el crecimiento del sector mientras se mantiene una infraestructura que, en muchos casos, ya opera al límite de su capacidad. Los aeropuertos no son un lujo ni una obra ornamental: son activos estratégicos para la competitividad, la integración territorial y la generación de riqueza.
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