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ANALISTAS Desarrollo o política de las Farc
viernes, 19 de septiembre de 2014
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En la década de los 90, antes de la apertura económica, Colombia era un país autosuficiente en la producción de alimentos, muchos de ellos se cosechaban en grandes cantidades y otros fueron inclusive industrializados, como sucedió con la cebada y el trigo que se producían en la meseta cundiboyacense y en Nariño y se utilizaron para la producción de cerveza.  Hoy, a diferencia de esas épocas, estamos importando anualmente más de 8 millones de toneladas de alimentos, la mayoría provenientes de países como Estados Unidos y Canadá en los cuales sus agricultores son subsidiados con inmensos recursos y además reciben amplias ayudas representadas en modernas tecnologías y en infraestructura orientada al desarrollo agropecuario.

El Estado colombiano ha sido indiferente e indolente con el campo.  Tenemos más de 25 millones de hectáreas para ser cultivadas, de las cuales menos de 5 millones están dedicadas a la producción agrícola.  La falta de apoyo del Estado al desarrollo de esta actividad y el azote de la violencia que en los últimos cuatro décadas produjo más de 40.000 secuestros, extorsiones, asesinatos y otro tipo de delitos como la corrupción, han hecho imposible desarrollar el potencial agrícola y convertir a Colombia en una de las más importantes despensas de alimentos en el mundo.

Una de las zonas más extensas del país es la altillanura,  donde existen más de 3,5 millones de hectáreas aptas para producir alimentos, como maíz, sorgo, soya, marañón, caña de azúcar, palma africana y sus derivados, caucho, especies maderables, entre muchas otras.

La ley 160 de 1994 hoy vigente, en su artículo 72, prohibió la adquisición de propiedades que superaran la extensión de 990 hectáreas, Unidad Agrícola Familiar (UAF) en esa región.  Como la ley rige hacia el futuro y no es retroactiva, esta prohibición que limita a una UAF la adquisición de tierras rige desde 1994 hacia el futuro.  La adquisición de tierras que superaron una UAF y se realizaron antes de 1994 son validas.

Con el ánimo de socavar y poner en interinidad la seguridad jurídica de importantes inversiones hechas especialmente en el Vichada, representadas en más de 300.000 hectáreas sembradas, se ha querido dar a entender por representantes de la izquierda colombiana que, la prohibición legal para comprar más de una UAF es retroactiva.

El gobierno nacional, el año anterior anunció con bombos y platillos la presentación de un proyecto de ley que convertido en norma, le daría seguridad jurídica y tranquilidad a los empresarios que hicieron millonarias inversiones, para poner a producir una tierra altamente árida como la de la altillanura.  Radicado el año anterior el proyecto de ley que había sido cuidadosamente estudiado y autorizado por la Presidencia de la República, sorpresivamente y antes de pasar una semana, fue retirado por el mismo gobierno,  con la promesa de volverlo a presentar mejorado al mes siguiente.  

Posteriormente anunció que su presentación quedaba aplazada para marzo de 2014, lo cual aún no se ha hecho.  Se supo por  boca del mismo exministro Lizarralde que el retiro del proyecto obedeció a presiones de los negociadores de paz en La Habana.

Las Farc impusieron así su voluntad y lograron que el gobierno nacional se retractara en su política de seguridad jurídica para la altillanura.

Pasadas las elecciones presidenciales, es hora de que el gobierno nacional muestre su verdadera cara, o  vuelve a presentar el proyecto anunciado para ofrecer seguridad jurídica a las inversiones que generan empleo y desarrollo en la altillanura o, le sigue dando gusto a las Farc  en su política de impedir que llegue a esa región, el motor empresarial que la convierta en la despensa agrícola de Colombia.