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Hace unos pocos años, la “leonera” legislativa colombiana se enfrentaba con libretas y apuntes a mano alzada. Yo convertí esas hojitas en un Excel, luego en un modelo estadístico, y entendí la reactividad
Colombia es un país que se reinventa. Según el Colombia Tech Report 2024-2025 de la Cámara de Emprendimiento y Aceleración de la Andi, Colombia es el tercer país de América Latina en captación de capital para startups, y una de las cosas que más me alegra de este panorama es que esta vocación de adaptación por fin está llegando a un terreno que parecía condenado a la analogía: los asuntos públicos y regulatorios. Hoy la tecnología no solo acelera los procesos; los hace más transparentes, trazables y, sobre todo, útiles para decidir.
Hace unos pocos años, la “leonera” legislativa colombiana se enfrentaba con libretas y apuntes a mano alzada. Yo convertí esas hojitas en un Excel, luego en un modelo estadístico, y entendí que, sin datos y procesos, este oficio sería siempre reactivo. Esa intuición marcó el camino: traer método, estructura y tecnología a una conversación saturada de ruido.
Por eso, en Orza, decidimos construir una respuesta acertada y oportuna, apalancada por tecnología: Sonar: una Govtech de monitoreo y estimación de riesgos regulatorios, cuyo propósito es que entidades públicas y privadas se mantengan al tanto de los cambios normativos en todos los niveles. No es magia: es método y tecnología.
Con el tiempo ese método se robusteció. Pasamos de capturar eventos en hojas de cálculo a integrar vectores que leen gacetas; construimos una base con el historial completo de proyectos de ley desde 1991 -un archivo que ni Senado ni Cámara conservaron tras la pérdida de un servidor- y entrenamos un modelo que predice, con 98% de efectividad y un error de dos puntos porcentuales, si una iniciativa radicada llegará a ser ley. La consecuencia práctica es enorme: anticipar escenarios, enfocar esfuerzos y reducir la incertidumbre con evidencia.
La IA rápidamente se nos volvió un aliado para domar la maraña documental de los asuntos públicos. Identificar normas relevantes, resumir en segundos lo sustantivo y disparar alertas tempranas da un valor invaluable al ejercicio. Charles Darwin lo dijo con claridad: no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor responde al cambio. En un país hiperproductor de normas, responder al cambio significa pasar de la reacción a la previsión; de la intuición suelta a la evidencia; de los PDFs dispersos a la trazabilidad. A veces la innovación es tan sencilla como etiquetar, numerar, hacer comparables los archivos y escalar con IA para convertir toneladas de textos no estructurados en conocimiento accionable.
También hay una lección sobre el contexto. En economía abundan las series y los cuadros -la “estructura A” que todos conocemos-, pero en asuntos públicos la información nace desordenada: discursos, gacetas, oficios, audiencias, rumores. Ordenar ese ruido y ponerlo al servicio de una decisión pública o corporativa cambia el juego: permite priorizar, dialogar mejor con el Estado y evitar costos políticos y económicos innecesarios.
Colombia ya demostró que puede emprender con sentido. Toca ahora asumir que la modernización del relacionamiento público también es un asunto de tecnología cívica. Con visión, y un poco de terquedad, estamos demostrando que se puede. La pretensión no es, jamás, reemplazar abogados o politólogos, por el contrario, les devuelve tiempo, contexto y precisión. Si algo está cambiando positivamente en los asuntos públicos es esto: la capacidad de anticipar y de construir mejores decisiones, antes de que el ruido nos vuelva a alcanzar.
En últimas, la verdadera innovación no está solo en el código o los algoritmos, sino en la manera en que usamos la tecnología para entendernos mejor como sociedad. Modernizar los asuntos públicos no es un lujo ni una moda: es una necesidad para que el país piense y actúe con evidencia.
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