Bogotá: ¿hacia dónde? o ¿hasta dónde?

Esta población llegará poco a poco a la ciudad junto con todas sus implicaciones, incluyendo generación de residuos sólidos y vertimientos, demanda de agua, energía, alimentos, movilidad, explotación de materiales y demás implicaciones inherentes a su calidad de vida.

En Colombia 24% del territorio alberga 70% de la población, abasteciéndose con 11% de la oferta hídrica.

Si bien la convergencia poblacional a zonas urbanas es una tendencia a nivel global, diferentes variables que incluyen el conflicto armado y la falta de oportunidades en zonas rurales han acentuado esta tendencia en nuestro país: mientras se espera que para 2050, 67% de la población mundial habite en zonas urbanas, para Colombia esta cifra ascendería a 84%. 

Teniendo esto en mente, quedan dos caminos por abordar: conservar las tendencias actuales de convergencia y permitir su desarrollo; o desacelerar su crecimiento poblacional.

Para el primer caso, será necesario permitir el crecimiento físico que demanda la población proyectada, propiciando una expansión amigable con el medio ambiente, pero conscientes de los sacrificios que esto implica. Según cifras de la actual Alcaldía, se requeriría duplicar el número de viviendas para responder a las proyecciones poblacionales de Bogotá a 2050, es decir construir más de 2,7 millones de viviendas. 

Aun cuando fueran aprobadas todas las propuestas de desarrollo de la actual Alcaldía, Bogotá adolecería un déficit de 1,3 millones de viviendas sin contar con las necesidades de infraestructura comercial, institucional, de transporte y de recreación que esto implica.

Asumiendo el crecimiento de la mega-Bogotá proyectada a 2050, es necesario guiarnos por un sentido pragmático del desarrollo sostenible, buscando soluciones que realmente permitan el desarrollo económico y poblacional, procurando, a su vez, minimizar los impactos sobre el entorno natural. Algunas perspectivas de sostenibilidad incluyen reducir la necesidad de transporte a través de incentivos para el teletrabajo y para vivir cerca al trabajo; incentivar el uso del transporte masivo, antes de seguir desincentivando el uso del vehículo privado; educar y sensibilizar a la población para lograr el soñado panorama de ciudades que se movilizan en bicicleta; y minimizar la cantidad de residuos sólidos que llegan a relleno sanitario, a través de medidas enfocadas en la reducción en la fuente.

La segunda opción consiste en preservar el entorno natural que aún rodea la ciudad, para lo cual necesariamente se deben buscar los mecanismos apropiados para frenar la convergencia de las poblaciones a esta gran ciudad. La perspectiva de sostenibilidad en este caso consiste en establecer incentivos para la vida en el campo, en pueblos y en pequeñas ciudades. Esto podría lograrse a través de la articulación de medidas de comercio justo - como el esquema Fairtrade -, la priorización del desarrollo de infraestructura esencial en zonas rurales, el aumento de la competitividad de productos nacionales en el mercado nacional e incluso, el establecimiento de incentivos económicos o tributarios para quienes decidan abandonar las ciudades para vivir en zonas rurales. 

El inicio de la anhelada etapa del posconflicto representa una coyuntura para reflexionar sobre la posible acentuación en la convergencia de poblaciones hacia las zonas urbanas, y una oportunidad para que el Gobierno y las administraciones de las grandes ciudades replanteen la pregunta inicial: ¿hasta dónde crecemos?

María Carolina Romero P
Profesora de Escuela de Ingeniería Julio Garavito