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Las medidas no apuntan directamente al presidente Nicolás Maduro
La Unión Europea informó el lunes que impuso sanciones económicas contra 11 funcionarios venezolanos en protesta por la reelección del presidente Nicolás Maduro, que el bloque afirma no fue ni libre ni justa y carece de credibilidad.
Los vetos a viajes y congelamiento de activos, que Reuters reportó en mayo, se suman a las penas contra siete funcionarios venezolanos de alto rango que el bloque sancionó en enero.
En una gaceta oficial, el bloque recordó que el 28 de mayo había cuestionado los comicios ya que no habían contado "con las garantías necesarias para unas elecciones integradoras y democráticas".
"Las conclusiones del Consejo instaban a la celebración de nuevas elecciones presidenciales con arreglo a normas democráticas reconocidas a nivel internacional y al orden constitucional venezolano, y, en ese contexto, pedían nuevas medidas restrictivas, selectivas y reversibles, que no perjudiquen a la población venezolana", dijo la UE.
Las medidas -que incluyen congelamiento de activos y fondos- no apuntan directamente a Maduro, dado que la UE quiere presionar primero a aquellos que están en su entorno.
"Venezuela rechaza categóricamente la agresión continuada e injerencista de la Unión Europea, que constituye una franca intromisión en los asuntos soberanos de nuestro país", expresó un comunicado de la Cancillería venezolana.
"Es sorprendente la flagrante subordinación de la Unión Europea a la Administración (del presidente estadounidense) Trump, emulando sus acciones de agresión contra Venezuela, diseñadas por los sectores más extremistas y guerreristas de ese gobierno", agregó.
Entre los sancionados se encuentra la flamante vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, el vicepresidente económico, Tareck El Aissami, además de tres altos funcionarios de las Fuerzas Armadas y dos de la autoridad electoral, entre otros.
La UE, el tercer mayor socio comercial de Venezuela después de Estados Unidos y China, busca aislar a Caracas y ayudar a poner fin al que considera un régimen autoritario que está arruinando la economía del país, provocando escasez de alimentos.
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