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Donald Trump, presidente de Estados Unidos
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Este enfoque limitado podría facilitar la a menudo ardua tarea de conseguir que todas las facciones de la mayoría republicana del Senado apoyen un proyecto de ley
El presidente Donald Trump y los principales senadores republicanos acordaron el viernes el esquema de un proyecto de ley de gastos partidista de vía rápida, destinado a eludir a los demócratas, que son minoría, y centrado en proporcionar fondos para la aplicación de la ley en materia de inmigración y la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.
El presidente y los líderes del partido se oponen a los esfuerzos de algunos legisladores republicanos de base por incluir nuevas reducciones de impuestos y recortes adicionales en la atención médica y otros programas de prestaciones sociales en el paquete de este año.
La estrategia del Partido Republicano, en cambio, parece consistir en limitar principalmente el paquete de medidas aceleradas a disposiciones relacionadas con la seguridad nacional y aprobarlo en el Congreso antes de junio.
“Exijo que el proyecto de ley esté listo a más tardar el 1 de junio y sobre mi escritorio”, dijo Trump en una publicación en redes sociales después de reunirse con John Barrasso, el número dos de los republicanos en el Senado, y el senador Lindsey Graham. “El Departamento no puede esperar más para obtener la financiación completa”.
Barrasso calificó la reunión de "productiva" y el objetivo es lograr que un "proyecto de ley de reconciliación específico que financie al ICE y a la Patrulla Fronteriza" llegue al escritorio de Trump antes de la fecha límite.
Los republicanos planean utilizar la misma maniobra procesal especial que emplearon el año pasado para superar la sólida oposición demócrata a la emblemática ley de impuestos y gasto de Trump.
Esta iniciativa surge después de que los republicanos no lograran llegar a un acuerdo con los demócratas para financiar todas las operaciones del Departamento de Seguridad Nacional hasta el 30 de septiembre. Los demócratas exigen límites a las tácticas de control migratorio, incluyendo la prohibición del uso de mascarillas por parte de los agentes y la exigencia de órdenes judiciales.
El departamento se encuentra inmerso en el cierre parcial del gobierno estadounidense más prolongado de la historia. Aun así, el presidente ha emitido una orden legalmente controvertida para pagar a todos los empleados, lo que permite que la mayoría de las operaciones retomen sus niveles normales.
Si los republicanos siguen adelante con un proyecto de ley que solo afecte al Departamento de Seguridad Nacional, otros planes de gasto, incluido un posible proyecto de ley de financiación de emergencia para la guerra contra Irán, quedarían pendientes para finales de año.
Este enfoque limitado podría facilitar la a menudo ardua tarea de conseguir que todas las facciones de la mayoría republicana del Senado apoyen un proyecto de ley.
Aún no está claro si los republicanos de la Cámara de Representantes se unirán en torno a esta estrategia. El ultraconservador Caucus de la Libertad de la Cámara podría suponer un problema para Trump si la financiación del DHS no se compensa con recortes de gastos para reducir el impacto en el déficit presupuestario.
El presidente del Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes, Jodey Arrington, ha hablado de perseguir el "fraude" en el sector de la salud para reducir el gasto público como parte del próximo proyecto de ley de conciliación. También ha indicado que la campaña podría posponerse hasta que se presente un segundo proyecto de ley más adelante este año.
El presupuesto partidista solo necesitaría 50 votos en el Senado, en lugar de los 60 habituales, siempre y cuando cumpla con un estricto conjunto de reglas de procedimiento. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, tiene poco margen de error y debe lograr el apoyo de casi todos sus 217 senadores republicanos para aprobar la legislación.
Está previsto que el Senado trabaje en el plan la próxima semana. Primero, ambas cámaras deben aprobar un nuevo borrador de presupuesto y, posteriormente, un proyecto de ley de conciliación que cumpla con las instrucciones del presupuesto también debe ser aprobado para que la medida se convierta en ley.
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