Tribunal Supremo de Brasil desafía a Trump y no da marcha atrás con Jair Bolsonaro

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La amenaza arancelaria de Donald Trump contra Brasil por una investigación legal a su aliado político, el expresidente Jair Bolsonaro, tomó por sorpresa a la Corte Suprema de Brasilia.

El máximo tribunal se encuentra en receso durante julio —ni siquiera todos sus jueces se encontraban en el país—, lo que dificulta reunirse para formular una respuesta. Sin embargo, un grupo de jueces, entre ellos Alexandre de Moraes, quien supervisa el caso del expresidente, comenzó de inmediato a debatir una respuesta destinada más a afirmar la soberanía nacional que a aliviar las tensiones con Estados Unidos.

Justo después de que Trump amenazara con imponer aranceles de 50% a Brasil el 9 de julio, este grupo abogó por que el tribunal emitiera un comunicado impugnando la afirmación del presidente estadounidense sobre una "cacería de brujas", según dos personas con conocimiento de los acontecimientos. Finalmente, el presidente del Tribunal Supremo, Luis Roberto Barroso, acordó en una llamada con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva que la primera respuesta debía provenir del ámbito político, según una tercera persona, quienes pidieron no ser identificados debido a que se trata de deliberaciones privadas.

Lula luego señaló, en una declaración esa noche, que Brasil es "un país soberano con instituciones independientes". La reacción estuvo calibrada para subrayar la división entre el poder ejecutivo y el judicial en Brasil, y cómo las demandas estadounidenses habían sobrepasado ese límite. Sin embargo, también demuestra una determinación compartida de contraatacar en lugar de ceder ante sus demandas de que se desestime el caso Bolsonaro.

“Si se esperaba que las amenazas generaran temor en el Tribunal Supremo brasileño, el efecto es el contrario”, declaró Thiago de Aragao, director de Arko International, una consultora con sede en Washington. “Su disposición a llegar hasta el final es mucho mayor, sobre todo porque quieren demostrar su soberanía e independencia”.

Esa realidad presagia turbulencias futuras entre el gigante económico y político de Latinoamérica, liderado por un experimentado líder de izquierda, y un Estados Unidos decididamente mercantilista bajo un presidente que ahora se encuentra prácticamente libre de restricciones legales. Desde entonces, Trump reiteró sus amenazas arancelarias en una carta abierta , el Tribunal Supremo de Brasil ordenó a Bolsonaro usar un dispositivo de rastreo en el tobillo alegando riesgo de fuga, y el Departamento de Estado de EE. UU. revocó las visas estadounidenses de Moraes y otros jueces.

Alertas tempranas

Es un choque de personalidades y culturas políticas que se viene gestando desde hace algún tiempo.

Desde principios de este año, funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Brasilia se habían comunicado con la Corte Suprema de Brasil para advertir que la investigación en curso sobre si Bolsonaro había intentado revertir su derrota electoral de 2022 amenazaba con dañar las relaciones comerciales, según una de las personas con conocimiento de las conversaciones.

El Tribunal Supremo de Brasil no respondió a una solicitud de comentarios. La embajada estadounidense afirmó haber expresado su "preocupación por la politización de las investigaciones" que involucran a Bolsonaro y sus partidarios. El tema se ha planteado "durante las interacciones con las autoridades brasileñas, desde hace tiempo", según el comunicado emitido el 18 de julio por la oficina de prensa de la embajada en portugués.

Los jueces brasileños, al tanto de las advertencias, inicialmente las desestimaron por absurdas. Razonaron que era imposible que Estados Unidos interviniera en lo que, en última instancia, era un asunto legal nacional, afirmó una de las personas.

Pero si los jueces brasileños habían subestimado a la Casa Blanca, rápidamente quedó claro que Trump también había calculado mal.

Para la mayoría de los miembros de la corte, el caso Bolsonaro forma parte de una lucha más amplia para salvaguardar una democracia relativamente joven que el excapitán del Ejército supuestamente puso en peligro. Y a diferencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, que ayudó a allanar el camino para el regreso de Trump al poder a pesar de las acusaciones de conspiración ilegal para revocar su derrota de 2020, Brasil no tiene intención de ceder.

La decisión del tribunal suele atribuirse —tanto por partidarios como por críticos— a Moraes, el juez que supervisó el juicio por el golpe y encabezó una agresiva campaña contra la desinformación en las redes sociales que también provocó la ira de Trump y miembros de su movimiento.

Como parte de sus esfuerzos, el juez de 56 años ha ordenado la eliminación de cuentas acusadas de difundir noticias falsas desde plataformas como X, Rumble y el Facebook de Meta. Se ha enfrentado a periodistas y comentaristas de derecha que afirman que abusa de su poder para atacar a sus oponentes políticos, y el año pasado libró un altercado público con Elon Musk tras prohibir el acceso a X en Brasil.

Su destacado papel en los litigios más sonados de Brasil lo ha convertido en el supervillano del movimiento de Bolsonaro: Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, lleva meses en Estados Unidos presionando a Washington para que sancione al juez. Moraes ha declinado hacer declaraciones.

Paralelismos entre Estados Unidos y Brasil

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En realidad, la mayoría de los 11 miembros del tribunal están unidos en la creencia de que están librando una lucha existencial por la democracia brasileña, cuyas implicaciones se extienden mucho más allá de las fronteras de Brasil.

Es una visión que se consolidó tras el intento de insurrección de 2023, en el que miles de partidarios de Bolsonaro saquearon importantes edificios gubernamentales, como la Corte Suprema, el palacio presidencial y el Congreso. Estos eventos generaron comparaciones lógicas con los disturbios del Capitolio en Washington tras la derrota de Trump en 2020. Incluso las fechas eran similares: los disturbios en Estados Unidos tuvieron lugar el 6 de enero; el intento de golpe de Estado en Brasil fue el 8 de enero.

Por muy claros que sean los paralelismos, las respuestas de las Cortes Supremas del país no podrían ser muy diferentes. El tribunal estadounidense dictaminó en 2024 que Trump gozaba de cierta inmunidad ante cargos penales por sus intentos de anular los resultados, lo que prácticamente anuló las posibilidades de un juicio antes de las elecciones del año pasado. Su posterior victoria puso fin al caso por completo.

“Veo en Brasil mecanismos para proteger su democracia mucho más eficientes que los que hemos visto en Estados Unidos”, afirmó Robert Dias, profesor de derecho constitucional en la facultad de derecho de la Fundación Getulio Vargas en São Paulo. “La constitución estadounidense solo tiene vigencia cuando los actores institucionales le son leales”.

Brasil, por el contrario, actuó con rapidez: en 2023, su tribunal electoral —un organismo separado integrado por un elenco rotativo de jueces de la Corte Suprema— inhabilitó a Bolsonaro para ejercer el cargo durante ocho años por difundir conspiraciones de fraude electoral, poniendo fin a cualquier posibilidad de un rápido retorno a la presidencia.

El sistema judicial ha actuado con la misma rapidez para encontrar a los culpables de la insurrección del 8 de enero de 2023 en Brasilia. La policía federal recomendó la imputación de intento de golpe de Estado en noviembre de 2024. En cuestión de meses, el Tribunal Supremo los aprobó y preparó el terreno para el juicio.

Más francos por tradición que sus homólogos estadounidenses, los jueces han dejado pocas dudas sobre sus motivaciones: quieren concluir el juicio antes de que los brasileños vuelvan a votar en octubre de 2026.

Esto ha alimentado las acusaciones de que predeterminaron el resultado y privaron a Bolsonaro del debido proceso. Sin embargo, en los últimos días, los jueces han contraatacado, argumentando que su enfoque agresivo era necesario para evitar el tipo de colapso democrático que se ha producido en otros lugares.

“Un tribunal independiente y activo era necesario para evitar el colapso de las instituciones, como ha ocurrido en varios países del mundo, desde Europa del Este hasta Latinoamérica”, escribió el presidente del Tribunal Supremo Barroso en una carta publicada en su sitio web el 13 de julio. “El Tribunal Supremo Federal juzgará con independencia y basándose en las pruebas”.

Pese al receso de julio, Moraes siguió trabajando y el caso de Bolsonaro siguió su curso con normalidad. La Fiscalía General de la República presentó sus alegatos finales el 14 de julio, solicitando su condena por el intento de golpe.

Se espera que la Corte Suprema regrese de su receso en agosto y probablemente concluya el caso pronto. Lo que sigue siendo incierto es hasta dónde está dispuesto a llegar Trump para apoyar a Bolsonaro.

Eduardo Bolsonaro y el influenciador digital conservador Paulo Figueiredo, nieto del último presidente de la dictadura militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985, pasaron los últimos días en Washington en reuniones en el Departamento de Estado y, según ellos, en la Casa Blanca.

En una muestra de la diplomacia poco convencional de Trump, Eduardo y Figueiredo se han convertido en fuentes clave de información sobre Brasil para su administración, según fuentes diplomáticas.

“La postura de todos fue unánime: no habrá ni un ápice de concesión a menos que Brasil dé el primer paso”, declaró Figueiredo el miércoles sobre las reuniones celebradas en Washington. “La advertencia que escuchamos fue: 'Si las cosas siguen a este ritmo, el presidente Trump podría tomar medidas adicionales, que incluso podrían involucrar al mercado financiero'”.

Donald Trump ha dicho hasta ahora que no dará marcha atrás.

“Espero sinceramente que el Gobierno de Brasil cambie de rumbo, deje de atacar a sus oponentes políticos y ponga fin a su ridículo régimen de censura”, escribió Trump en la carta dirigida a Bolsonaro el jueves por la noche. “Estaré observando atentamente”.