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Lula da Silva, presidente de Brasil
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El Ministerio de Hacienda negó esa medida aunque se diarios del país publicaron artículos en los que se mencionó es posibilidad
El gobierno de Brasil está estudiando posibles respuestas a nuevas sanciones del presidente estadounidense Donald Trump, incluido un límite al pago de dividendos a empresas estadounidenses con operaciones en Brasil, según el periódico O Estado de S. Paulo.
El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva intensifica sus deliberaciones sobre posibles medidas tras el anuncio del gobierno estadounidense de revocar las visas de algunos jueces de la Corte Suprema de Brasil. La medida se produjo después de que el juez Alexandre de Moraes enviara a la policía a allanar la casa del expresidente Jair Bolsonaro antes de su juicio por intento de golpe de Estado para aferrarse al poder.
El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, negó que Brasil esté considerando limitar los dividendos como represalia contra Estados Unidos, informó Reuters, citando un comunicado.
El gobierno brasileño también está considerando poner fin a la concesión de licencias de patentes de medicamentos estadounidenses e imponer impuestos a las grandes empresas tecnológicas, según O Estado de S. Paulo y O Globo. Aún no ha tomado una decisión y cualquier medida requerirá la aprobación de Lula, según los periódicos.
El gobierno pretende continuar las negociaciones diplomáticas con la administración Trump, afirmó O Estado de S. Paulo, añadiendo que cualquier medida de represalia podría adoptarse después del 2 de agosto. El gobierno estadounidense anunció un arancel del 50% sobre Brasil que entrará en vigor el 1 de agosto, algo que Trump ha vinculado a los cargos contra Bolsonaro.
El gobierno estudia un impuesto a los servicios digitales ofrecidos por las grandes empresas de tecnología, con tasas diferenciadas según sus ingresos, informó O Globo, diciendo que la medida está siendo analizada por el Ministerio de Hacienda.
Lula dijo el sábado que está seguro de que “ningún tipo de intimidación o amenaza de nadie” comprometerá las instituciones del país en su misión de defender el Estado de derecho.
“La interferencia de un país en el poder judicial de otro es inaceptable y viola los principios básicos de respeto y soberanía entre las naciones”, según un comunicado publicado por el presidente brasileño ofreciendo apoyo a los magistrados de la Corte Suprema.
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