Nuevas restricciones de Trump por derecho de nacimiento se enfrentan a una disputa legal

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Nuevas restricciones de Trump por derecho de nacimiento se enfrentan a una disputa legal
La última medida del presidente Donald Trump para restringir la ciudadanía automática se enfrenta a un desafío legal, meses después de que la Corte Suprema rechazara su intento anterior de anular las garantías de larga data para los niños nacidos en Estados Unidos de padres no ciudadanos.

Los abogados que lograron anular las restricciones iniciales de Trump a la ciudadanía por derecho de nacimiento solicitaron el martes a un juez que declare que una de las dos órdenes ejecutivas que el presidente firmó el 6 de agosto viola una orden judicial vigente. Dicha orden prohíbe actualmente al gobierno negar la ciudadanía a los bebés cuyas madres tengan visas temporales o sean inmigrantes indocumentadas que se encuentren ilegalmente en Estados Unidos.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y otros grupos defensores de los inmigrantes presentaron la impugnación de la nueva orden ejecutiva de Trump ante un juez federal de New Hampshire que llevaba el caso anterior sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento, quien había aprobado ese caso como una demanda colectiva.

«Si el presidente emite 100 órdenes que buscan crear nuevas excepciones a la sagrada garantía de la Cláusula de Ciudadanía, las 100 serán igualmente ilegales», escribieron los abogados. «El tribunal debe dejar claro que los demandados no pueden privar a los miembros del grupo de su derecho de nacimiento bajo el amparo de estas ni de ninguna otra acción ejecutiva».

En un caso aparte en Maryland, los abogados que también habían impugnado la orden original de Trump sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento pidieron a un juez que reabriera esos procedimientos "para obtener claridad" de la administración sobre el alcance de la nueva medida de Trump y si tiene el efecto de privar de la ciudadanía a los niños cuyo estatus está protegido por el litigio.

Las directivas del presidente del 6 de agosto están dirigidas principalmente al llamado "turismo de natalidad", con el objetivo de impedir que los extranjeros vengan a Estados Unidos a dar a luz y denegar la ciudadanía a los bebés si sus padres no ciudadanos pagaron dinero a alguien o cometieron fraude para aprovecharse de la garantía del derecho de nacimiento.

El desafío en New Hampshire se centra en la cuestión de los requisitos para obtener la ciudadanía.

La orden ejecutiva original de Trump para negar la ciudadanía a los recién nacidos de inmigrantes indocumentados y visitantes temporales fue anulada en junio por la Corte Suprema. La decisión de la corte, de mayoría conservadora, representó un duro revés para una de las políticas más agresivas de la agenda migratoria de línea dura del presidente, pero Trump prometió buscar otras opciones para restringir la ciudadanía.

La primera nueva orden de Trump instruye a los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional a adoptar nuevas normas o actualizar las políticas existentes para permitir que las autoridades de inmigración nieguen o revoquen visas, o de otro modo impidan la entrada a ciudadanos extranjeros que lleguen a los EE.UU. "con el propósito de dar a luz en suelo estadounidense".

No existen estadísticas claras sobre cuántos niños abarcaría esta orden, especialmente dadas las dificultades para demostrar que un progenitor llegó a Estados Unidos con el propósito de dar a luz. El Migration Policy Institute ha identificado conjuntos de datos del gobierno federal con estimaciones que oscilan entre 9.600 y 26.000 nacimientos anuales, de los más de 3,6 millones de bebés que nacen en Estados Unidos cada año.

La otra orden busca ampliar las excepciones limitadas a la ciudadanía por derecho de nacimiento que la Corte Suprema ha reconocido, incluyendo a los hijos de diplomáticos extranjeros y "enemigos" involucrados en una "ocupación hostil". La orden de Trump se aplicaría a los hijos de una categoría más amplia de ciudadanos extranjeros que trabajan para sus gobiernos u otras organizaciones internacionales en los EE.UU., son miembros de organizaciones terroristas designadas o pagaron o cometieron fraude para poder dar a luz en los EE.UU.

Cuando firmó las medidas, Trump declaró a los periodistas que actuaba en respuesta a una "decisión muy desafortunada" del Tribunal Supremo y que estaba "haciendo ajustes porque es muy injusta".

Los defensores de la inmigración que lograron derrotar la primera orden de Trump sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento denunciaron estas medidas.

“La Corte Suprema ya resolvió este asunto: la ciudadanía por derecho de nacimiento está garantizada por la Constitución”, declaró Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Aclu. “Ninguna orden ejecutiva adicional puede cambiar el significado de la Constitución”.