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Orden de detención europea también fue decretada contra el depuesto presidente Carles Puigdemont.
La Audiencia Nacional española decretó este jueves prisión provisional sin fianza para el exvicepresidente catalán y siete exconsejeros de ese gobierno, por cargos relacionados con el proceso que llevó a la declaración unilateral de independencia de Cataluña el 27 de octubre.
La magistrada Carmen Lamela incluyó la orden de detención europea contra el depuesto presidente catalán Carles Puigdemont y los cuatro miembros de su Gobierno que no acudieron a declarar al tribunal.
Partidos políticos y grupos cívicos catalanes denunciaron la decisión de “encarcelar al gobierno legítimo de Cataluña” y cientos de personas se reunieron en el exterior del Parlamento de la próspera región noroccidental para exigir su liberación.
El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, destituyó a Puigdemont y a su gabinete, horas después de que la cámara regional catalana realizara una declaración unilateral de independencia, una iniciativa boicoteada por la oposición y declarada ilegal por los tribunales españoles.
El abogado de Puigdemont en Bélgica ya adelantó que su cliente no volverá a España mientras no exista el “clima adecuado”, aunque se comprometió a colaborar con la justicia de ambos países.
Poco después del dictamen judicial, Puigdemont dijo en Twitter que “la banda del 155” quiere encarcelarle junto a su exgabinete.
“El gobierno legítimo de Cataluña ha sido encarcelado por sus ideas y por haber sido leal al mandato aprobado por el Parlamento catalán”, señaló.
La entrada en prisión de los líderes secesionistas y la huida de Puigdemont a Bélgica dificulta que destacadas figuras del movimiento independentista se presenten a las elecciones adelantadas que convocó Rajoy para el 21 de diciembre.
La juez justificó el ingreso en prisión de los exconsejeros por el riesgo de fuga y destrucción de pruebas, tras argumentar que existía una trama para impulsar la causa soberanista.
“Los investigados urdieron una estrategia de todo el movimiento secesionista que llevaría a la celebración del referéndum ilegal el 1 de octubre y a la declaración de independencia”, señaló.
No obstante, Jaume Alonso-Cuevillas, abogado de varios de los exdirigentes encarcelados, como el cesado vicepresidente Oriol Junqueras, calificó las medidas cautelares como “absolutamente inmotivadas y desproporcionadas” y anunció que recurrirá la decisión.
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