The Economist advierte sobre la polarización y el deterioro de la seguridad en Colombia

La creciente polarización política en Colombia ha dejado de ser un debate interno para convertirse en tema de análisis en la prensa internacional. Comentarios tan opuestos como "Colombia está a las puertas del infierno”, de la candidata de derecha Vicky Dávila, hasta “los últimos seis meses han sido fabulosos para la economía colombiana”, de Gustavo Bolívar, aspirante de izquierda y aliado del presidente Gustavo Petro, marcan la brecha entre ambas orillas.

Como señala The Economist, la polarización es un fenómeno global, pero en Colombia parece que la derecha y la izquierda habitan universos paralelos. La economía, en efecto, muestra indicadores positivos: se prevé un crecimiento de 2,4% este año, por encima de gran parte de Sudamérica; el desempleo alcanzó en julio su nivel más bajo en casi 25 años (8,8 %); el mercado bursátil ha sido el cuarto con mejor desempeño del mundo, subiendo 54% en el último año; y el turismo ha crecido hasta recibir 7 millones de visitantes en 2024, dos millones más que en 2022.

Sin embargo, The Economist advierte que “no todo el mérito es de Petro”. Aunque la inflación se redujo a la mitad desde su llegada al poder, su confrontación con el banco central ha dificultado la labor de la autoridad monetaria. Persisten problemas estructurales: cerca de 60% de los trabajadores están en la informalidad, la inversión es baja y la prohibición de nuevas exploraciones de petróleo y gas ha desalentado el apetito de los inversionistas extranjeros.

Incluso las áreas donde Petro ha concentrado sus esfuerzos han avanzado poco. La pobreza extrema casi no se ha reducido y Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo. Un problema que Petro buscó solucionar con un drástico aumento del salario mínimo pero que terminó incentivando aún más la informalidad.

Algunas de las reformas del gobierno han desmantelado servicios que funcionaban razonablemente bien, como el sistema de salud. Tras aumentar el rol del Estado en su gestión, varias salas de urgencias y maternidades han cerrado o están rechazando nuevos pacientes.

La mayor amenaza para la economía, sin embargo, es el gasto público desbordado. El déficit fiscal alcanzará cerca de 7% del PIB este año, elevando la deuda pública a más de 60%, un máximo histórico. En junio, el gobierno suspendió por tres años el límite legal al gasto y la financiación estatales, una medida que solo debería aplicarse en circunstancias extraordinarias que, según el propio organismo fiscalizador, no se cumplen.

Lo que le deja al próximo presidente un complejo escenario fiscal. Aunque los candidatos de izquierda como Gustavo Bolívar e Iván Cepeda prometen recortes, también se comprometen a mantener los programas sociales. Incluso un eventual gobierno de derecha podría verse forzado a subir impuestos; el desafío estará en hacer el sistema más progresivo y ampliar la base tributaria.

En materia de seguridad, las advertencias de la derecha son difíciles de ignorar. El asesinato del candidato Miguel Uribe en junio evocó el sangriento pasado del país. Desde entonces, se ha registrado una escalada de violencia: atentados, secuestros y ataques armados han dejado decenas de muertos y heridos, y los grupos criminales han aprovechado los ceses al fuego para expandir su territorio y reclutar nuevos miembros. Hoy, la violencia ha desplazado a 230.000 personas más que al inicio del gobierno, y la extorsión y los secuestros se han disparado 50% y 75%, respectivamente, según la ONU.

El fracaso de la política de “Paz Total” de Petro es evidente. Como advirtió Sergio Fajardo, “si no eres lo suficientemente fuerte, no negocies”. Sin presión militar, las negociaciones han servido más para fortalecer a los grupos ilegales que para reducir la violencia.

A ello se suma el deterioro institucional. Petro acusa a los tribunales y al Congreso de bloquear su agenda y ha insinuado convocar una constituyente por fuera de los cauces legales. Sus constantes cambios de gabinete, un nuevo ministro cada 19 días en promedio, han desmoralizado la burocracia, mientras que sus ataques al banco central han debilitado la credibilidad de la política monetaria.

La conclusión de la revista de Londres es que Colombia no está al borde del colapso, pero la salida de casi un millón de ciudadanos en los últimos tres años refleja un descontento profundo. Agregaron que el país necesita recuperar confianza en sus instituciones y encauzar su economía. El próximo presidente recibirá un país con crecimiento aceptable, pero con finanzas públicas frágiles y una seguridad en deterioro: un escenario que exige liderazgo y pragmatismo, no improvisación.