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La policía antidisturbios, apoyada por una flota de grúas, tardó varias horas en despejar los vehículos de la arteria central que atraviesa Madrid de norte a sur
Cientos de taxis bloquearon el lunes el Paseo de la Castellana, una importante vía de tránsito en Madrid, causando un gran impacto durante la segunda semana de protestas para exigir una regulación más dura contra Uber y otras empresas de vehículos de transporte con conductor (VTC).
La policía antidisturbios, apoyada por una flota de grúas, tardó varias horas en despejar los vehículos de la arteria central que atraviesa Madrid de norte a sur.
En los próximos días, podrían registrarse nuevos atascos por las movilizaciones en contra de los VTC, que ofrecen viajes a menudo más baratos que los taxis convencionales.
En septiembre, el Gobierno español dio a las empresas de transporte de vehículos cuatro años para cumplir con una regulación que les otorgaba solo una licencia nueva por cada 30 licencias de taxi.
Los taxistas piden ahora un endurecimiento de la legislación.
"Ellos (los servicios de transporte) no pueden hacer los mismos servicios que un taxi. No pueden recoger a la gente en las calles. Eso es ilegal, pero no pasa nada", dijo el taxista Juan Mateos.
Los taxistas en Barcelona terminaron la semana pasada una huelga después de que las autoridades regionales propusieran que los servicios de transporte de pasajeros sólo se puedan reservar con poca antelación y no se puedan solicitar a su paso por la calle.
Las negociaciones siguen en curso, y algunas plataformas de VTC dicen que pueden verse obligadas a abandonar Barcelona si las nuevas reglas entran en vigor.
La medida se esperaba desde diciembre, cuando la Asamblea Nacional de Venezuela votó, un mes antes de que las fuerzas de Estados Unidos destituyeran al expresidente Nicolás Maduro
Shahabuddin permaneció en el cargo después de que Hasina fuera derrocada en agosto de 2024 tras protestas masivas de jóvenes
La corte señaló que, en los últimos tres años, solo seis trabajadores de una plantilla total de unos 4.600 habían sido despedidos por delitos relacionados con el robo.
