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La petrolera española Repsol presentó ayer una demanda contra el Gobierno argentino ante un panel de resolución de controversias del Banco Mundial (Ciadi) por la nacionalización de su filial YPF, dijo una fuente jurídica, en el que podría convertirse en el mayor reclamo presentado contra el país ante el organismo.
Repsol dijo en su presentación que Argentina violó un acuerdo para la protección recíproca de inversiones con España al concretar la expropiación, según un comunicado de la petrolera al regulador bursátil español.
La demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) no incluye el monto de la compensación exigida por Repsol, que será detallada en una instancia posterior del proceso, dijo a Reuters una fuente jurídica bajo condición de anonimato.
La petrolera valoró en unos US$10.000 millones su participación del 51% en YPF que el Gobierno argentino expropió en mayo pasado, afirmando que el grupo español no invirtió lo necesario para evitar el declive de la producción de la mayor petrolera del país sudamericano.
Repsol negó las acusaciones y aseguró que la expropiación fue una jugada del Gobierno para quedarse con los inmensos recursos de hidrocarburos no convencionales de YPF.
Argentina ha sido demandada casi medio centenar de veces desde el 2002 en el Ciadi, especialmente por compañías extranjeras de servicios públicos que vieron perjudicadas sus inversiones en el país por un congelamiento tarifario aplicado tras la crisis económica del 2002.
Estados Unidos suspendió en mayo pasado unas preferencias arancelarias que beneficiaban a las importaciones desde Argentina porque Buenos Aires se ha negado a cumplir con sentencias del Ciadi.
La expropiación de YPF también desató críticas de la Unión Europea y de la comunidad financiera internacional, que es crítica es las políticas intervencionistas que lleva adelante la presidenta Cristina Fernández.
El Gobierno argentino se ha negado hasta ahora a negociar con Repsol una compensación por la expropiación. Un panel dependiente del Ministerio de Planificación Federal argentino que debe tasar la participación nacionalizada de YPF aún no se expidió.
Repsol envió el pasado mes de mayo una carta a la presidenta en la que declaraba la existencia de la controversia entre la compañía y el Estado argentino, primer paso para llevar el caso ante el Ciadi, la principal institución en materia de diferencias relativas a inversiones internacionales.
Según el acuerdo mutuo de protección de inversiones, el plazo para resolver discrepancias antes de presentar la demanda es de 18 meses, pero Repsol entiende que es de seis, en virtud de una cláusula que le permite acogerse al plazo menor que figure en los tratados que Argentina ha firmado con otros países.
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