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La propuesta, estructurada por el Tribunal Electoral, contempla mecanismos de control orientados a registrar la procedencia de recursos
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El proyecto de ley de reformas al Código Electoral, actualmente en primer debate en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, introduce modificaciones en las normas aplicables al financiamiento privado de campañas políticas.
La propuesta, estructurada por el Tribunal Electoral, contempla mecanismos de control orientados a registrar la procedencia de los recursos financieros que obtienen los candidatos y las organizaciones políticas.
Dentro de los cambios normativos, la iniciativa establece la obligatoriedad de suscribir un documento oficial al momento de recibir cualquier donación privada. Este formulario, diseñado por la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político del Tribunal Electoral, requerirá detallar el origen de los fondos aportados y deberá ser remitido por vía electrónica de manera simultánea al depósito correspondiente para integrar el informe final de ingresos y gastos.
Los magistrados de la entidad electoral integraron esta disposición para fiscalizar de forma simultánea las transacciones financieras durante el periodo de campaña. El magistrado Narciso Arellano señaló que la medida busca evitar la entrada de fondos de origen ilícito mediante una supervisión continua que reemplace la verificación posterior de las cuentas presentadas por los competidores electorales.
Especialistas en derecho y representantes políticos emitieron sus valoraciones respecto a la efectividad del texto propuesto. El exfiscal electoral Boris Barrios consideró adecuado incrementar los controles para prevenir el ingreso de activos no declarados, mientras que el abogado Edwin Vargas, representante del partido Movimiento Otro Camino, indicó que la disposición coincide con las propuestas presentadas en la mesa de la Comisión Nacional de Reformas Electorales.
Actualmente, la legislación vigente exige únicamente el registro de donaciones mediante un formulario con el nombre, cédula o Registro Único de Contribuyente del aportante, junto con el depósito de los fondos en una cuenta única dentro del sistema bancario estatal. De aprobarse la reforma, las agrupaciones políticas deberán sujetarse a las nuevas exigencias de reporte electrónico inmediato.
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