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Rodrigo Paz, presidente de Bolivia
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La decisión fue anunciada durante un acto oficial en Sucre, cuando Bolivia ingresa en su cuarta semana de conflictos
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció el lunes que recortará a la mitad su salario y el de sus ministros, en medio de una creciente crisis política y social marcada por protestas y bloqueos para exigir su renuncia.
La decisión fue anunciada durante un acto oficial en Sucre, la capital constitucional del país, cuando Bolivia ingresa en su cuarta semana de conflictos, movilizaciones y cortes de rutas que afectan principalmente a La Paz y El Alto.
“Este presidente, junto a sus ministros, ha asumido la decisión, como parte del esfuerzo y el compromiso con el país, de rebajar el salario 50%”, afirmó Paz.
Las protestas son impulsadas por sectores de la Central Obrera Boliviana, COB, organizaciones campesinas y grupos afines al expresidente izquierdista Evo Morales, quienes rechazaron las convocatorias al diálogo realizadas por el Gobierno y anunciaron un endurecimiento de los bloqueos de carreteras.
Las medidas de presión comenzaron a afectar el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos hacia el occidente del país, donde viven cerca de dos millones de personas.
“Somos rehenes de un grupo político que está utilizando movilizaciones de este tipo con una consigna que van cambiando”, dijo el concejal paceño Fabián Yaksic, al describir el clima de tensión que se vive en La Paz y El Alto.
La Administradora Boliviana de Carreteras, ABC, reportó este lunes más de 50 puntos de bloqueo en al menos cinco de los nueve departamentos del país.
La crisis también elevó la presión sobre el Gobierno de centroderecha desde distintos sectores políticos y empresariales.
El expresidente Jorge Quiroga calificó las restricciones al ingreso de alimentos y medicamentos como posibles “crímenes de lesa humanidad”, mientras el Comité pro Santa Cruz pedía al Ejecutivo restablecer el libre tránsito y garantizar el orden público.
Pese al agravamiento del conflicto, el Gobierno descartó por ahora declarar un estado de excepción y mantiene operativos conjuntos entre la Policía y las Fuerzas Armadas para habilitar corredores humanitarios y contener las protestas.
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