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Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela
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También anunció la creación de dos fondos, uno de protección social y otro de infraestructura, que se financiarán con ingresos petroleros
La presidenta encargada Delcy Rodríguez propuso el jueves una reforma de la ley de hidrocarburos y solicitó a la Asamblea Nacional aprobar el nuevo marco legal, mientras los inversionistas estadounidenses presionan para que se facilite el acceso a la industria petrolera de Venezuela.
Rodríguez, quien prestó juramento el 5 de enero tras el derrocamiento de su predecesor Nicolás Maduro, declaró durante el discurso presidencial anual ante legisladores que si le correspondía ir a Washington, hasta hace poco su archienemigo político, lo haría "de pie" y "no arrastrada".
Agregó que "hemos traído el proyecto de ley de reforma parcial de la ley orgánica de hidrocarburos" con el que se atraerían "flujos de inversiones que sean incorporados a nuevos campos (petroleros), a campos donde nunca se ha hecho inversión y campos donde no hay infraestructura".
Hasta ahora, la ley de hidrocarburos contempla que la estatal Petróleos de Venezuela y un socio extranjero trabajen de forma conjunta un campo, pero con la participación mayoritaria de la PDVSA.
Rodríguez no dio detalles de los cambios en la propuesta legal. La presidenta encargada también anunció la creación de dos fondos, uno de protección social y otro de infraestructura, que se financiarán con ingresos petroleros.
Estados Unidos dijo que completó las primeras ventas de petróleo venezolano por US$500 millones, que forman parte de un acuerdo de US$2.000 millones alcanzado a principios de mes entre Caracas y Washington.
Muchos inversionistas potenciales, especialmente en Estados Unidos, han solicitado reformas legales urgentes a las principales leyes petroleras de Venezuela para facilitar el plan de reconstrucción de US$100.000 millones propuesto por el mandatario estadounidense Donald Trump.
Los precios también se han visto sometidos a presión esta semana después de que Washington concediera a Teherán una exención de sanciones de 60 días
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