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PERÚ

Presidencia de Perú anunció renuncia de los ministros del Interior, Trabajo y la Mujer

viernes, 13 de enero de 2023

En el ministerio de Interior, la presidenta Dina Boluarte, designó al general retirado de la policia Vicente Romero para dirigir esa cartera

Reuters

Una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) que está de visita en Perú pidió el viernes el cese de la violencia en el país que transita por una etapa "muy complicada" de protestas, mientras la fiscalía inició 11 investigaciones para identificar a los "responsables" de docenas de muertos.

Por la noche, la presidenta Dina Boluarte ajustó a su gabinete con tres cambios, entre ellos en el ministerio de Interior y designó al general retirado de la policia Vicente Romero para dirigir esa cartera, en medio de criticas por el manejo de la crisis con 42 fallecidos, entre ellos un policía.

También se realizaron cambios en el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

El jefe de la misión, Edgar Stuardo, afirmó que tras reuniones con familiares de las víctimas, autoridades del Estado y representantes de organizaciones civiles durante tres días percibió que la solución para salir de una de las peores crisis en el país andino es generar un amplio diálogo nacional.

"Estamos a la expectativa de lo que pueda pasar en los próximos días. Esperamos que no haya ningún muerto más", dijo Stuardo a periodistas. "Vemos una situación muy complicada".

El conflicto estalló tras la destitución del exmandatario izquierdista Pedro Castillo, que intentó el 7 de diciembre disolver de forma ilegal el Congreso.

En las manifestaciones se exige la denuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, una nueva Constitución y la libertad de Castillo, que cumplen prisión preventiva por "rebelión", la cual él niega.

Grupos de derechos humanos han acusado a la policía y las fuerzas armadas peruanas de usar armas de fuego mortales y lanzar bombas lacrimógenas desde helicópteros. El Ejército dice, por su parte, que los manifestantes, la mayoría en el sur andino del país, han usado armas y explosivos caseros.

Cientos de heridos y detenidos
En los últimos días las protestas se concentraron en las regiones mineras sureñas, pero el jueves miles de personas marcharon por las calles de Lima demandando el cierre del Congreso y la renuncia de Boluarte.

Stuardo afirmó que la crisis en Perú se debe principalmente a la fragilidad de sus instituciones y la constante lucha de poder entre el Ejecutivo y el Congreso, que han generado que el país tenga seis presidentes y tres parlamentos en cinco años, con renuncias y destituciones provocadas de los jefes de Estado.

"Esto ha debilitado la confianza ciudadana en las instituciones y ha obstaculizado la gobernabilidad", señaló.

El funcionario refirió que durante su visita recibió denuncias de familiares de las víctimas de un uso desmedido de la fuerza por parte de la policía; aunque también de la actuación de "grupos violentos" que deben ser idenficados.

"Hacemos un llamado a un cese de violencia y se le de un privilegio al diálogo", dijo. Stuardo afirmó que las fuerzas de seguridad local se han comprometido "actuar con los estándares interamericano de legalidad, necesidad y proporcionalidad".

Más temprano, el Ministerio Público informó que abrió investigaciones preliminares por los violentos hechos en regiones sureñas de Puno, Cusco, Arequipa, Apurimac y Ucayali, focos de las mayores protestas, además de la capital, Lima.

Estas pesquisas marchan en paralelo a la investigación, también preliminar, anunciada esta semana contra la presidenta Boluarte por los presuntos delitos de "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves" en las protestas, en la que se incluyó a parte de su gabinete de ministros.

De acuerdo a las "primeras indagaciones" se registraron 355 civiles y 176 policías heridos, y 329 detenciones de ciudadanos durante las protestas de diciembre y enero, detalló la fiscalía.

En la investigación se consideran los presuntos delitos de disturbios, violencia, resistencia a la autoridad y obstáculo al funcionamiento de servicios públicos, refirió.

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