Panamá criticó un informe de Human Rights Watch sobre migración en tapón del Darién

El Gobierno de Panamá envió una nota de protesta a un informe publicado por el Human Rights Watch, HRW, denominado “'Este infierno era mi única opción': Abusos contra migrantes y solicitantes de asilo en el Tapón del Darién”.

El informe señala a Panamá por la crisis migratoria en el tapón del Darién en la frontera con Colombia. HRW también denuncia las redes de delincuencia organizada que operan desde Colombia y que articulan las rutas informales y peligrosas de la migración irregular.

El gobierno panameño aseguró que no piensa acceder a presiones internacionales para recibir "de forma desordenada y en detrimento de nacionales y extranjeros residentes", a migrantes irregulares de forma masiva.

Agregó que Panamá es uno de los primeros países de tránsito utilizados en la ruta de la migración irregular. "Somos un país con vocación humanitaria; y por mucho tiempo hemos articulado nuestros recursos limitados para brindar a los migrantes irregulares la atención humanitaria que necesitan, incluyendo el acceso a alimentos, agua, asistencia médica, justicia, entre otros. El esfuerzo del Estado Panameño es innegable, aún siendo los recursos finitos contrapuestos a un crecimiento exponencial y no planificado de migrantes irregulares que transitan por nuestro territorio", dice la nota de protesta del Gobierno panameño.

Según cifras del vecino país, en 2022, Panamá recibió 248.284 llegadas de migrantes irregulares, el mayor número es en un solo año desde 2009, todos a través de la provincia del Darién. En 2023, esta cifra ha aumentado a más de 465.000 solo en lo que va del año.

“Lamentamos que el informe de Human Right Watch (HRW) no refleje los esfuerzos humanitarios del Gobierno de la República de Panamá y que incluso, no se exhorte a las organizaciones no gubernamentales y otros actores al cumplimiento de las normas panameñas para la consecución de la adecuada atención de la población migrante, especialmente cuando se hace referencia a los delitos relacionados con violencia sexual y a la obligatoriedad que las leyes panameñas establecen de poner a las autoridades competentes en inmediato conocimiento de hechos que pudieran considerarse delitos”, dijo el Gobierno de Panamá.