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La semana pasada, casi 100 países firmaron una hoja de ruta de cara a una decisión final que se tomará a fines del próximo año
En todo el mundo el debate respecto a la política tributaria por estos días es uno solo: ¿qué hacer con la denominada economía digital? Es decir, empresas y plataformas digitales que son consumidas por ciudadanos, pero que no pagan impuestos ni tienen sede fiscal en los países que operan. Ese es el caso de servicios como Netflix, Spotify o Airbnb.
En Chile es uno de los temas que rodea el debate de la reforma tributaria, ya que el Ministerio de Hacienda incluyó en su propuesta original crear un Impuesto a los Servicios Digitales (ISD) de 10%, que aplica sobre dichos productos que sean consumidos por personas chilenas y provistos por extranjeros no residentes en el país. Netflix, Spotify y Airbnb caen en esa categoría. En el debate en particular, la cartera liderada por Felipe Larraín propuso igualar dicho tributo al IVA (19%).
Los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) están en una cruzada para reducir la evasión y la elusión a nivel global, al alero de iniciativas como el programa de Erosión de la Base y Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés), que tiene como uno de sus ejes la tributación de la economía digital.
La semana pasada el grupo de países dio un paso clave. En una reunión plenaria en la que participaron 289 delegados de 99 países -incluido Chile-, se acordó una hoja de ruta bajo dos principios para aplicar impuestos a la economía digital, documento que servirá como base para la decisión que tomen los países de la OCDE y otros observadores para gravar las plataformas y empresas tecnológicas a fines del próximo año.
La idea, señaló una comunicación oficial de la OCDE, es que los firmantes se comprometerán a profundizar los esfuerzos para alcanzar un consenso en la materia de cara al 2020, con el foco en aplicar nuevos impuestos a las empresas tecnológicas multinacionales.
¿Cómo hacerlo?
El trabajo que han realizado los países al alero de BEPS no es reciente, sino que comenzó a inicios de esta década. El 2015, el grupo calculó que los países perdieron más de US$ 240.000 millones en ingresos fiscales derivados del traslado de utilidades y erosión de la base impositiva de parte de contribuyentes que operaban en jurisdicciones de nula o baja tributación, o que utilizaban mecanismos para no pagar impuestos en los lugares que operan. Dicha cifra representa el 10% de los ingresos globales por impuestos a las utilidades corporativas.
El acuerdo alcanzado en París el 28 y 29 de mayo, en el marco de un plenario de administraciones fiscales de la OCDE, establece como base dos pilares para definir el plan de acción.
El primero apunta a determinar de manera concreta dónde deben pagarse los impuestos y bajo qué base (por ejemplo, un nexo establecido entre el proveedor del servicio y el cliente que lo consume, a pesar de que el primero no tenga representación física en el país). Además, se buscará establecer la porción de las utilidades que "podría o debería" tributar en la jurisdicción donde los clientes o usuarios están ubicados (denominado principio de "ubicación de los beneficios").
En segundo pilar explorará el diseño de un sistema que asegure que las compañías multinacionales -en la economía digital y otros sectores- paguen un nivel mínimo de impuestos: "Este pilar debería proveer a los países con una nueva herramienta para proteger su base fiscal del traslado de utilidades hacia países de nula o baja tributación, y tiene la intención de hacerse cargo de los problemas vigentes que identificó la iniciativa OCDE/G20 BEPS", asegura el documento oficial.
"Se han realizado importantes avances a través de la adopción de este nuevo programa de trabajo, pero aún hay una tremenda cantidad de trabajo por hacer a medida que buscamos alcanzar, hacia fines del 2020, una solución unitaria de largo plazo para los desafíos que implica la digitalización de la economía", aseguró el secretario general de la OCDE, Angel Gurría, quien solicitó a los gobiernos brindar un "fuerte apoyo político" a la propuesta.
Chile estuvo representado en las reuniones en la capital gala por el coordinador de Política Tributaria del Ministerio de Hacienda, Manuel Alcalde.
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