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La Cepal propone cinco medidas para afrontar los retos que plantea la agenda de financiamiento para el desarrollo regional futuro
Durante una reunión virtual con los países de América Latina y el Caribe miembros de la Cepal, la Secretaria Ejecutiva del organismo de las Naciones Unidas, Alicia Bárcena, presentó el Informe especial covid-19 N⁰ 10 de la institución, donde dijo que “en todos los países de la región, sin excepción, la situación fiscal se ha deteriorado y el nivel de endeudamiento del gobierno general ha aumentado, y se espera que dicho endeudamiento se incremente de 68,9% a 79,3% del PIB entre 2019 y 2020 a nivel regional, lo que convierte a América Latina y el Caribe en la región más endeudada del mundo en desarrollo y la que tiene el mayor servicio de deuda externa en relación con las exportaciones de bienes y servicios que es de 57%”.
Frente a este panorama, Bárcena, mediante el documento, propone cinco medidas de política para afrontar los retos que plantea la agenda de financiamiento para el desarrollo a corto, mediano y largo plazo, y pone énfasis en iniciativas que se podrían emprender para construir un futuro mejor.
De acuerdo con el informe, la primera medida de política consiste en la ampliación y redistribución de la liquidez desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo a través de una emisión masiva de Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI). Una emisión y asignación hipotética de 500.000 millones de DEG nuevos, representaría US$56.000 millones de reservas internacionales adicionales para las economías de América Latina y el Caribe.
La redistribución de la liquidez también puede llevarse a cabo a través de fondos multilaterales, como el Fondo para Aliviar la Economía covid-19 (Face) propuesto por el Gobierno de Costa Rica. El Face se financiaría con recursos de las economías desarrolladas canalizados a través de los bancos multilaterales de desarrollo y constaría de US$516.000 millones (un 3% del PIB de los países de ingreso bajo y medio o 0,7% del PIB de los países desarrollados).
Una segunda medida de política se centra en el fortalecimiento de la cooperación regional aumentando la capacidad de préstamo y respuesta de las instituciones financieras regionales, subregionales y nacionales, y estrechando sus vínculos con los bancos multilaterales de desarrollo. También es necesario fomentar la cooperación y coordinación entre los bancos de desarrollo regionales, subregionales y nacionales. Los bancos nacionales de desarrollo han sido actores clave en la provisión de financiamiento, comprometiendo el equivalente a US$93.000 millones de apoyo financiero contra el covid-19.
Una tercera medida de política consiste en el acceso a un mayor financiamiento que debe complementarse con impulso una reforma institucional de la arquitectura de la deuda multilateral, que incluya la creación de un mecanismo internacional de reestructuración de la deuda soberana y de una agencia multilateral de calificación crediticia.
La Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (Dssi) del Grupo de los Veinte (G20) también debe ampliar su alcance, para incluir a todas las partes interesadas (es decir, el sector privado y las instituciones multilaterales) y a los países vulnerables de renta media, y debe extenderse más allá de 2021.
Una cuarta medida de política consiste en proporcionar a los países un conjunto de instrumentos innovadores destinados a aumentar la capacidad de reembolso de la deuda y evitar el endeudamiento excesivo. Los instrumentos innovadores vinculan la capacidad de reembolso de los países a su exposición y vulnerabilidad a las catástrofes naturales (como en el caso de las cláusulas sobre huracanes) o a los altibajos del ciclo económico (como los bonos de contingencia vinculados a los ingresos o al Estado).
Como quinta medida de política, se propone integrar las medidas de liquidez y de reducción de la deuda a una estrategia de financiamiento para el desarrollo encaminada a construir un futuro mejor. La crisis actual debe aprovecharse no solo como una oportunidad para repensar la agenda de financiamiento para el desarrollo de los países de renta media, sino también como una ocasión para alcanzar un amplio consenso social y político que permita implementar reformas ambiciosas con el fin de emprender un proceso de reconstrucción sostenible e igualitario.
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