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Los últimos datos del Sipa revelan una recuperación parcial del empleo formal, pero con una composición de salarios que preocupa
Con la macro encaminada, el Gobierno pareciera tener como tarea pendiente, de cara a la elección presidencial de 2027, comenzar a atender algunos problemas más puntuales de los argentinos que tiene que ver, sobre todo, con la falta de empleo y la pérdida del poder adquisitivo.
Se trata de dos variables cuya mala performance inciden en el humor ciudadano, tanto es así que varios informes las ubican a la cabeza de las preocupaciones desde hace meses.
El más reciente, de la consultora internacional Atlas Intel consignó que 74% de los argentinos considera que la situación del mercado laboral es mala. El ánimo pesimista de la gente no se detiene ahí: 58% cree que la situación se agravará en los próximos seis meses.
Otro informe, de la consultora Trends, alertó en las últimas semanas por el desempleo: 15% de los consultados lo ve como uno de los principales problemas, por delante de los “bajos salarios” (14%) y únicamente tiene por encima a la inseguridad.
En el Gobierno identifican como un dato positivo los últimos números del Indec, que datan de febrero. Según el organismo, el empleo registrado total llegó a 12,879 millones de personas, prácticamente el mismo nivel que un año atrás (-0,1% interanual), y anotó una leve mejora mensual de 0,1% desestacionalizada.
Sin embargo, cuando se mira en detalle, el número no parece ser tan auspicioso. De los casi 12.000 puestos netos que se sumaron en febrero, el grueso vino de dos fuentes: El empleo público (+5.720 trabajadores, +0,2% mensual) y los monotributistas (+5.856 puestos, +0,3%).
Por su parte, el empleo asalariado privado, el núcleo duro del trabajo formal, prácticamente no se movió. Apenas 965 personas más, una variación de 0,0% en términos desestacionalizados
Esa quietud mensual del sector privado llega después de nueve meses consecutivos de destrucción neta de empleo, de junio a enero, que dejaron un saldo interanual negativo de 100.000 puestos menos que en febrero de 2025. La interrupción de esa caída en febrero es, en todo caso, una buena noticia, pero todavía no es una recuperación.
El dato más revelador de los últimos doce meses no es, por lo pronto, cuántos empleos se perdieron, sino hacia dónde se fueron. Ocurre que mientras los asalariados privados cayeron 100.000, los monotributistas crecieron 90.700 personas (+4,3% interanual).
Un informe de la consultora LCG puso la lupa en este dato del Sipa y lo sintetizó de manera elocuente: hay una “traslación hacia modalidades de trabajo de peor calidad”.
El análisis enfatiza que, en términos prácticos, eso significa menos estabilidad, menores contribuciones al sistema previsional y salarios que, en general, quedan fuera de las negociaciones paritarias.
El monotributo social, personas con emprendimientos independientes y en situación de vulnerabilidad, también creció, aunque a un ritmo más moderado (+2,2%, unas 5400 personas más), mientras que el número de trabajadores autónomos cayó levemente.
El salario bruto promedio del sector privado registrado alcanzó 2,1 millones de pesos argentinos en febrero, con una suba interanual del 32,2%. La mediana se ubicó en 1,5 millones de pesos argentinos (+30,6%).
A estas cifras hay que analizarlas, no obstante, teniendo en cuenta los datos de salarios del Indec de marzo, último disponible, que muestran que el sector privado registrado acumula apenas 5,9% de suba en lo que va de 2026, mientras que la inflación ya se ubica en 12,3%.
LCG calculó que el salario privado registrado del Sipa cayó 0,3% en términos reales en marzo, mientras que el CVS del Indec, que mide la variación “pura” sin horas extra ni premios, mostró una baja más pronunciada de 1,3% mensual, con siete meses consecutivos de caída real.
El único que mejoró es el sector público: subió 1,6% real en marzo según el CVS-Indec, con aumentos tanto en el ámbito nacional como en el provincial.
El Gobierno espera que la ecuación empiece a cambiar en los próximos meses con la reforma laboral aprobada por el Congreso, cuyas cautelares judiciales fueron recientemente levantadas.
El Rifl, que reduce temporalmente las contribuciones patronales para incentivar nuevas contrataciones, ya fue reglamentado a comienzos de mayo. El FAL, el fondo de desempleo alternativo, todavía aguarda su reglamentación.
Los analistas de LCG son prudentes sobre el impacto: el efecto sobre el empleo será “acotado, al menos en el corto plazo”. La lógica es que la reforma puede ayudar a que el empleo formal crezca más rápido cuando la actividad económica se reactive, pero no genera puestos por sí sola. Y menos aún si la economía crece en sectores de baja intensidad laboral.
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