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Los usuarios peruanos y brasileños son los de mayor consumo en América Latina según un reporte de Sherlock Communications
El mercado de los juegos de azar estaría pasando por un buen momento en la región. Un reciente estudio de la firma Sherlock Communications analizó el mercado de las apuestas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú y encontró que esta industria abarcaría más de US$5.000 millones.
La firma realizó una encuesta a 3.000 residentes de estos países, en la que evidenció que Brasil y Perú son los de mayor consumo, 18% de sus encuestados aseguró apostar una o más veces a la semana.
Frente a la normativa, 82% de los colombianos encuestados consideró que los juegos de azar deberían ser legales y contar con una regulación, mientras que 20% de los brasileños; 10% de los chilenos y 5% de los mexicanos señalaron que el juego debería ser ilegal.
“Nuestro informe muestra la necesidad, y de hecho, el deseo de regulaciones claras y concisas. Los países donde las apuestas no están reguladas son más peligrosos para los consumidores”.
“Los países donde las apuestas no están reguladas son menos atractivos para las empresas internacionales, así como los más peligrosos para los consumidores”, comentó Patrick O’Neill, managing Partner de Sherlock Communications.
Además, se preguntó por los elementos que tenían en cuenta los usuarios para elegir su casa de apuestas; 62% prefiere las que ofrecen apuestas gratuitas y ofertas especiales; 55% las que cuentan con sitios web de fácil navegación y son compatibles con dispositivos móviles, y 39% las que tienen soporte en el idioma local.
En el caso de Colombia, 60% de los usuarios eligen sus casas de apuestas basados en sistemas de pago simples. Además, 41% considera que el aporte de este sector podría ayudar al crecimiento económico del país, y 57% que traería oportunidades de empleo.
Finalmente, en materia de seguridad, solo 20% de los encuestados cree que los juegos de azar pueden incentivar el lavado de activos o fomentar la criminalidad.
Este hecho lo soporta la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), que ubica al sector en la evaluación nacional del riesgo de 2019 como uno de los menos vulnerables a este tipo de delitos.
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