Los convenios colectivos españoles deberán reducir la jornada antes del final de 2025

El Ministerio de Trabajo va desvelando con cuentagotas algunos aspectos clave de la reducción de la jornada laboral. Uno de los elementos que más había preocupado a las organizaciones empresariales durante los meses de negociación tripartita era el periodo transitorio de aplicación de la medida, es decir, el tiempo que tendrían las empresas para adaptar en los convenios colectivos el nuevo límite de tiempo de trabajo semanal de 37,5 horas.

Pues bien, parece que finalmente se impondrá la versión de aplicación más inmediata que obligará a empresas y sindicatos a incorporar reducción de jornada en los convenios colectivos antes de que finalice 2025.

Teniendo en cuenta que según el calendario que maneja el departamento de la vicepresidenta Yolanda Diaz para la aprobación en el Congreso de los Diputados, no antes de mayo de 2025, esto dejará un margen de poco más de medio año para que los marcos laborales afectados por el recorte de tiempo de trabajo revisen las condiciones para implantar las 37,5 horas.

Este escenario era uno de los más temidos desde la Ceoe, ya que la aplicación con un tiempo transitorio exiguo obligará a reabrir buena parte de las 4.000 mesas de negociación de convenios existentes en España para adaptar la nueva normativa.

Las fuentes empresariales consultadas por Expansión señalan que la circunstancia no es baladí, ya que no existe una única fórmula en la que se puede cumplir con esta reducción de jornada que según el Gobierno afecta a 12 millones de personas trabajadoras en España.

En aquellos convenios colectivos en los que se deban realizar ajustes -no en todos implica un recorte de 40 a 37,5 horas- en función de la diversa casuística se deberá determinar por las partes involucradas en la negociación si abordarse a través de un mantenimiento de horas en las que el empleado trabaje menos días y se opte por reforzar la plantilla, si se lleva a cabo a través de un mantenimiento de horas pero con una ampliación del periodo vacacional, si se llevan a cabo cierres o parones de la actividad equivalentes al tiempo de trabajo a reducir.

Es decir, un amplio abanico de posibilidades que se deberán determinar en esos meses antes de que finalice el plazo para implantar las 37,5 horas máximas en todos los convenios.

Porque este extremo sí fue confirmado en el día de ayer por la vicepresidenta Yolanda Díaz tras la reunión del Consejo de Ministros, donde aseguró que "todos los asalariados en España verán reducida su jornada laboral antes del 31 de diciembre de 2025".

De hecho, Díaz hizo referencia al anterior establecimiento legal de la jornada laboral (de 40 horas semanales), que se aprobó un 29 de junio de 1983 y entró en vigor un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, BOE. Así, parece que la intención del Gobierno es emular la fórmula para la pretendida reducción a 37,5 horas.

Por su parte, la Ceoe había reclamado en la mesa de negociación que al menos se respetase la vigencia de los convenios colectivos, de modo que se fuera incorporando la normativa a medida que estos vayan venciendo.

En este punto, el Ministerio de Trabajo confirma igualmente que el acuerdo bilateral con UGT y Ccoo es "inminente". Tal y como afirma Díaz es el paso previo para que este texto que se consensue - sin el apoyo de la Ceoe y que no irá acompañado en primera instancia por ayudas económicas para las empresas de menos de diez trabajadores que Trabajo había puesto sobre la mesa como contrapartida- sea aprobado en Consejo de Ministros y llevado al Congreso para su tramitación.

Negociación con Junts

Con todo, tras cargar duramente contra el presidente de la Ceoe, Antonio Garamendi, acusándolo de querer "castigar" a las mujeres trabajadoras de España por su rechazo a la reducción de jornada, siendo estas-más de 10 millones de ocupadas según el INE- las más afectadas por el recorte horario, la vicepresidenta del Gobierno dejó ayer dos apuntes importantes en clave parlamentaria.

En primer lugar, reconoce Díaz que ya está negociando con Junts la reducción de jornada -tal y como señaló este medio la formación independentista supeditará un eventual apoyo a incorporar ayudas para las pymes- y en segundo lugar pidió el respaldo del PP y que no trate de tumbar la medida "como hizo con la reforma laboral".