Comisión Europea lleva a España ante Tribunal de Justicia de la UE por declaración de bienes en el extranjero

España exige desde 2013 que los contribuyentes residentes notifiquen los activos que poseen en el extranjero, tales como propiedades, cuentas bancarias y activos financieros.

La Comisión ha subrayado que la no presentación de esta información a tiempo y en su totalidad está sujeta a sanciones superiores a las impuestas por infracciones similares en una situación puramente nacional. Estas sanciones incluso pueden superar el valor de los activos poseídos en el extranjero.

La Comisión considera que estas sanciones por el cumplimiento incorrecto o tardío de esta obligación de información legítima son "desproporcionadas y discriminatorias. Pueden disuadir a las empresas y a los particulares de invertir o circular a través de las fronteras en el mercado único. Por consiguiente, estas disposiciones entran en conflicto con las libertades fundamentales de la UE, tales como la libre circulación de personas, la libre circulación de trabajadores, la libertad de establecimiento, la libre prestación de servicios y la libre circulación de capitales".

Si el Tjue considera que el Modelo 720 infringe el derecho comunitario, quedarán cuestionados los más de 150.000 millones de euros en el exterior que ha aflorado de todo tipo de posesiones: cuentas, acciones, seguros y productos del ahorro, e inmuebles. Esta información ha dado lugar a muchas actuaciones inspectoras.