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La Asamblea de Ecuador aprueba cambios en la minería para impulsar nueva inversión
Los cambios han sido cuestionados por organizaciones indígenas y ambientalistas porque incluyen una modificación en la entrega de permisos ambientales
La Asamblea de Ecuador aprobó el jueves reformas planteadas por el presidente Daniel Noboa para impulsar la minería en el país, incluido un cambio en la entrega de los permisos ambientales, como parte de un esfuerzo por atraer la inversión necesaria a una industria que ha tenido dificultades para consolidarse.
Los cambios se aprobaron con 77 votos a favor, 70 en contra y cuatro abstenciones. Los cambios han sido cuestionados por organizaciones indígenas y ambientalistas.
Uno de los cambios clave es la sustitución de la actual licencia ambiental por una "autorización ambiental" más amplia para la minería. La aprobación podría adoptar una de tres formas según el riesgo: una licencia completa, un registro ambiental o un certificado ambiental.
El Ministerio de Ambiente y Energía ha declarado que la licencia ambiental actual seguirá siendo necesaria para los proyectos mineros debido a su posible impacto y riesgo. Creen que la opción de los dos permisos adicionales, más simplificados para proyectos de menor impacto, ayudará a eliminar los obstáculos administrativos que históricamente han retrasado las inversiones.
Las reformas también buscan consolidar las fases de exploración, extendiéndolas a un máximo de 15 años bajo una sola autorización.
El desarrollo de la minería a gran escala en Ecuador ha quedado rezagado por la oposición de comunidades locales, desafíos legales y regulaciones cambiantes. Las minas de oro Fruta de Norte y de cobre Mirador son actualmente las dos únicas operaciones importantes en producción, ambas iniciadas en 2019.
Las reformas también declaran un área minera de protección, que implica la presencia de militares en las zonas amenazadas por minería ilegal y operación de bandas delictivas. Además, busca formalizar a los mineros artesanales.
Ecuador tiene identificados unos 400 puntos de minería ilegal a nivel nacional, según la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.
"Esta reforma propone poner orden en donde antes había vacíos legales, fortalecer el control del sector, eliminar la parálisis burocrática que frenaba la inversión formal", dijo el bloque oficialista ADN en un comunicado. "Es una herramienta concreta para recuperar el territorio, cerrar el paso a las mafias".
Grupos de indígenas y ambientalistas han cuestionado las reformas, señalando que la sustitución de la licencia debilita los controles ambientales por parte del Estado y advierten que el cambio anularía el derecho de las comunidades a la consulta previa.
"Se quiere legislar a favor de las grandes mineras transnacionales y en contra del país, especialmente del medio ambiente y de los derechos de las comunidades", dijo la organización indígena Ecuarunari en un comunicado previo a la votación.
Las reformas también incorporan cambios diseñados para abrir el sector eléctrico a la inversión.
El texto aprobado por la asamblea será remitido a Noboa para su análisisprevio a la publicación.
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