MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, cambió el martes la mitad de su gabinete, en momentos en que enfrenta fuertes críticas por otorgar un indulto al exmandatario Alberto Fujimori.
Kuczynski, un exbanquero de 79 años, había anunciado hace dos semanas que conformaría un gabinete de “reconciliación” en medio de protestas por indultar en vísperas de la Navidad a Fujimori, que cumplía una condena de 25 años por violación de los derechos humanos y corrupción.
El mandatario reemplazó a nueve de sus 19 ministros, pero ratificó a la ministra de Economía, Claudia Cooper, y a la primera ministra y jefa del gabinete, Mercedes Aráoz.
Se trata del ajuste ministerial más grande desde que Kuczynski asumió en julio de 2016.
La mayoría de los nuevos integrantes del gabinete son tecnócratas o figuras vinculadas al sector empresarial, pero algunos tienen experiencia política, como Javier Barrera, militante del partido APRA del exmandatario Alan García y que pidió una licencia a su grupo para integrarse al gobierno.
El exgobernador de la región de Amazonas, José Arista, quien trabajó en el gobierno de García, fue nombrado como ministro de Agricultura.
El presidente Kuczynski designó en la cartera de Relaciones Exteriores a Cayetana Aljovín, una abogada que no es diplomática de carrera y que se desempeñaba como ministra de Energía y Minas, en reemplazo de Ricardo Luna.
Grupos de derechos humanos y familiares de víctimas de abusos en Perú han anunciado que protestarán en las calles en un intento por revertir el indulto a Fujimori, mientras que organismos como Naciones Unidas y Amnistía Internacional han lamentado la decisión.
La cancillería ecuatoriana dijo en un comunicado que el Gobierno entregó en junio las garantías que había solicitado España para ejecutar la extradición, pero el tribunal había pedido ampliarla
Trump invitó al líder izquierdista de Colombia, al que previamente había calificado de "hombre enfermo", a visitar Washington
La demanda marcaría el mayor aumento de gasto jamás visto para el ejército estadounidense, con un gasto en seguridad nacional autorizado de US$901.000 millones para el año fiscal actual
