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La orden de restricción temporal del juez representa un enorme reto a la medida de Trump, aunque el Gobierno podría apelar el fallo y lograr que la política siga vigente.
El juez de Seattle, James Robart, hizo su decisión efectiva inmediatamente el viernes, lo que sugiere que las restricciones a los viajes se podrían levantar en seguida.
"Es un día maravilloso para el Estado de derecho en este país", dijo el vicefiscal general del estado de Washington, Noah Purcell. El fiscal general del estado, Bob Ferguson, declaró: "Esta decisión cancela el decreto en este momento". Agregó que espera que el gobierno federal respete el fallo.
El decreto del presidente republicano, firmado el 27 de enero, provocó caos en los aeropuertos de Estados Unidos el fin de semana pasado. Algunos viajeros en el extranjero fueron retirados de vuelos hacia Estados Unidos, cientos de personas acudieron a las áreas de arribo de los aeropuertos para protestar contra la medida y se presentaron recursos legales en todo el país.
La demanda de Seattle fue presentada por el estado Washington y a ella se sumó posteriormente el estado de Minnesota. El juez Robart determinó que los estados tienen derecho legal a demandar, lo que podría ayudar a fiscales generales demócratas a enfrentar a Trump en otros temas además de la inmigración.
La decisión se conoció el día en que fiscales de cuatro estados acudieron a tribunales para presentar medidas contra el decreto de Trump. El Gobierno justificó la medida debido a razones de seguridad nacional, pero sus opositores consideran que es una orden inconstitucional que persigue a personas por sus creencias religiosas.
Más temprano el viernes, un juez federal de Boston declinó ampliar la orden de restricción temporal que permitió que algunos inmigrantes de los países afectados por la prohibición de tres meses de Trump entraran a Estados Unidos.
El Departamento de Estado dijo el viernes que menos de 60.000 visas emitidas previamente a ciudadanos de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen fueron invalidadas como resultado de la orden. El dato se conoció después de que medios de prensa informaron que abogados del Gobierno citaban una cifra de 100.000.
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