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Expresidente de Bbva, Francisco González
ESPAÑA

Un juez en España propone juzgar a banco Bbva por un presunto caso de espionaje

jueves, 20 de junio de 2024

Expresidente de Bbva, Francisco González

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Ni Carlos Torres, presidente actual de Bbva y consejero delegado en parte de la época de los hechos, ni Onur Genç, CEO del banco, están en la lista de imputados

Expansión - Madrid

El juez Manuel García Castellón ha decidido llevar a juicio a una parte de los imputados en el 'caso Bbva/Villarejo'. Entre ellos, a Francisco González, al actual responsable de Auditoría Interna Joaquín Gortari, al exdirector de Riesgos António Béjar, al exresponsable de Seguridad Julio Corrochano y al propio Bbva por cohecho y revelación de secretos. Por tiempos es prácticamente imposible que la vista oral se celebre con la opa hostil sobre Sabadell todavía en curso.

Auto judicial clave en el 'caso Bbva Villarejo' en pleno arranque de la opa hostil de Bbva sobre Sabadell. Esta causa lleva investigándose casi seis años en la Audiencia Nacional.

El magistrado instructor acaba de poner fin formalmente a la fase de instrucción. También propone sentar en el banquillo de los acusados al exdirector de Control Interno Eduardo Arbizu; al ex consejero delegado Ángel Cano; al actual responsable de los servicios jurídicos Eduardo Ortega; al exresponsable de Servicios Jurídicos de España y Portugal José Manuel García, y al empleado de la entidad Óscar Santos, según un auto al que ha tenido acceso Expansión. En total propone enjuiciar a trece personas, entre exdirectivos de la entidad y mandos policiales.

Ni Carlos Torres, presidente actual de Bbva y consejero delegado en buena parte de la época de los hechos, ni Onur Genç, CEO del banco, están en la lista de imputados. La inmensa mayoría son exdirectivos. Pero hay un investigado en el organigrama principal del grupo: Joaquín Gortari, jefe de Auditoría Interna de Bbva y ex jefe de gabinete del presidente Francisco González en la época de los hechos.

El juez ha archivado el caso para 11 acusados: Ignacio Pérez Caballero Martínez, Inés Díaz Ochagavía, Javier de Todos los Santos Malagón Navas, José Manuel Cantero Criado, Juan Asúa Madariaga, Manuel Castro Aladro, Nazarío Campo Campuzano, Pablo García Tobín, Ricardo Gómez Barredo, Simón Galera Rodríguez y Constancio Riaño Prieto.

El juez García Castellón asegura en el auto que hay indicios suficientes que indican que Bbva contrató a Cenyt (empresa del comisario José Manuel Villarejo) por "orden expresa" de Francisco González para encargos privados a sabiendas de que era funcionario de policía en activo y de los métodos que empleaba.

Cenyt realizó trabajos de inteligencia para el banco durante 13 años, y utilizó medios presuntamente ilegales para obtener la información, como intervención de llamadas a empresarios, autoridades y periodistas, seguimiento de personas y acceso a información reservada de bases policiales.

Indicios

El magistrado hace suyo el informe de la Fiscalía Anticorrupción en el que relata que Julio Corrochano, entonces director de Seguridad de Bbva, contrató a Villarejo en 2002 "con la expresa aquiescencia" de su presidente ejecutivo, Francisco González.

"Villarejo puso en práctica una estructura empresarial con la cual lucrarse haciendo uso de la especial posición y confianza generada en muchos de sus compañeros policías, lo que le permitía, entre otras cosas, el acceso indirecto a todos los registros policiales, así como bases reservadas de datos a los que las fuerzas de seguridad tuviesen acceso", señala el auto.

"Conociendo Julio Corrochano esta doble actividad de su amigo y compañero, José Villarejo Pérez, a través del denominado Grupo Cenyt, le comunicó a su presidente, Francisco González, la existencia de tal anómalo e ilegal recurso, garantizándole la total discreción y opacidad si se recurría a él", explica. "Dada la ausencia de programa alguno de control y supervisión sobre sus decisiones ejecutivas dentro de la entidad lo autorizó y permitió, garantizándose que solo un núcleo muy reducido de altos directivos lo conociera", añade.

Según la versión de los hechos del juez, se firmaron una serie de contratos para poner en marcha determinados proyectos de inteligencia que incluían seguimientos,intervención de tráfico de llamadas, consulta de bases de datos de personas o averiguación de patrimonio de distintas personas, entre ellos empresarios, abogados o periodistas.

"Dichos contratos, en algunos casos verbales, se ejecutaron desde 2004 y al margen del circuito legal del banco y con total desprecio a la normativa de control jurídico y contable de la entidad", asegura.

El auto detalla todos los encargos realizados por la entidad, así como los pagos efectuados al Grupo Cenyt y señala que a lo largo de varios de los años investigados el Bbva fue el principal cliente de la empresa de Villarejo. El magistrado considera acreditado que los directivos imputados eran "conscientes de que con dichos contratos se estaba vulnerando la normativa interna de la entidad" al contratar con una estructura societaria dirigida por un policía en activo que recababa los datos mediante contraprestaciones a funcionarios policiales en activo, así como obteniendo accesos ilegales a ficheros reservados.

Bbva, acusado como persona jurídica

El juez da por buenas las conclusiones del fiscal, que considera que hay responsabilidad penal de Bbva en esta causa porque está acreditado que "fallaron los mecanismos de prevención y control de delitos" de la entidad financiera.

"Tal y como se expone con precisión en la multitud de ejemplos obrantes en el escrito del Ministerio fiscal, la presidencia ejecutiva y los altos directivos no cumplían, o no respetaban, los Códigos de Conducta", concluye.

"No podemos soslayar que la persona jurídica investigada es una gran entidad financiera, cotizada en bolsa y bajo un mercado doblemente regulado por organismos públicos supervisores, como el Banco Central Europeo, BCE, y el Banco de España, BE, en cuanto entidad bancaria y, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Cnmv, en cuanto entidad cotizada en bolsa", añade.

Este punto es clave. La Audiencia Nacional exoneró en 2023 de cualquier responsabilidad penal a CaixaBank y Repsol, así como a sus presidentes, por encargos en el pasado a Cenyt. El juez determinó que contaban con una cultura de cumplimiento normativo robusta y unos controles eficaces para evitar la comisión de delitos de empleados y directivos.

Según la opinión del fiscal Alejandro Cabaleiro, esto no ha sucedido en este caso, sino que Bbva actuó solo con "obediencia directa a los dictados de la alta dirección" y la "aquiescencia expresa" de su entonces presidente, Francisco González, también investigado.

Ruido judicial en plena OPA

Todo este ruido judicial alimenta el clima contrario a la opa que Bbva ha encontrado en el Gobierno, la Generalitat catalana y valenciana, sindicatos y buena parte de las patronales empresariales.

La defensa de Bbva, ejercida por Garrigues, ha sostenido a lo largo de todos estos años que ningún alto directivo del banco sabía que el titular real de Cenyt era el comisario José Manuel Villarejo. El banco solo admite incumplimientos de la normativa interna de contratación (los pagos a Cenyt se cargaron a la cuenta de la junta de accionistas).

El resultado de la opa se va a dilucidar a la altura de noviembre. Por tanto, mucho antes de que se produzca el juicio oral. Lo que sí va a suceder en los próximos meses es que las acusaciones particulares (el empresario Luis del Rivero, Miguel Sebastián y Carlos Arenillas) van a ir enviando al juez escritos de acusación muy duros contra Bbva y sus directivos mientras los accionistas de Sabadell dilucidan si les compensa vender sus títulos en esta opa para pasar a ser inversores de Bbva.

Si el banco acaba condenado en esta causa se enfrenta a una multa económica. Durante estos casi seis años de instrucción judicial, ni el negocio ni la cotización se han resentido de esta investigación penal. Sin embargo, fuentes financieras aseguran que, si hay condena para el banco, varios fondos de inversión se verían obligados a deshacer posiciones, tal y como contempla su normativa interna en estos casos. Y ese escenario puede comprometer, siquiera en parte, el éxito de esta opa.

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