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Gobierno aprueba ajuste del salario mínimo de 2027 en España
ESPAÑA

Gobierno español aprueba subida del mínimo hasta US$1.411 para 2027

martes, 17 de noviembre de 2026

Gobierno aprueba ajuste del salario mínimo de 2027 en España

Foto: Gráfico LR
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España

Subida, acompañada de alza de exención de tributación en el Iprf, beneficiará a cerca de 2,5 millones de asalariados

Expansión - Madrid
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El Gobierno da luz verde una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 5,3% para 2027, hasta US$1.411 mensuales en catorce pagas (US$19.759 brutos anuales).

La subida, que va acompañada de un incremento de la exención de tributación en el Iprf, beneficiará a cerca de 2,5 millones de asalariados en España y supone un aumento acumulado de casi 75% en las últimas dos legislaturas. Respecto al nivel de 2018, registra un incremento de US$603,6 mensuales.

Se trata de la novena revalorización del suelo salarial aprobada por el Gobierno en la era Sánchez y la tercera de mayor volumen, solo superada por la de 8% de 2023 (cuando la guerra de Ucrania provocó un shock) y la de 22,3% de 2019 cuando pasó de US$807,6 a US$987,7 mensuales.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró este martes que la revalorización ha seguido el curso habitual de los últimos años para justificar que el anuncio se lleve a cabo a tan solo doce días de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

No obstante, de las ocho subidas anteriores solo en un caso, la de 2019, el real decreto se aprobó antes de final de año como ocurrirá en este caso (en otras seis se incrementó en el mes de febrero del año en curso, con efecto retroactivos a uno de enero y en 2021 se aprobó en septiembre habiendo estado congelado durante nueve meses).

El Ejecutivo mantiene así el pulso de los denominados martes sociales con la nueva subida del salario mínimo, a la que se suma el aumento de sueldo para los funcionarios, en plena campaña electoral. Precisamente desde Ceoe, Cepyme y ATA, han denunciado que el Gobierno lleve a cabo la medida con más premura de lo habitual en lo que consideran una "utilización política de su capacidad legislativa en vísperas de las elecciones generales".

Cabe recordar que a diferencia de años anteriores, en esta ocasión el Gobierno tan solo ha reunido una vez a los agentes sociales para compartir las conclusiones del comité de expertos.

Desde la patronal denuncian que ni si quiera en ese único encuentro se les trasladó la cuantía de la subida que anunció el Ministerio de Trabajo hace escasos días por la vía de los hechos, sacando el real decreto de subida a audiencia pública.

Incluso este nivel de subida es mayor al recomendado por los expertos que situaron la revalorización en 4,9%. En todo caso, por encima del IPC que cerrará el año en 3,6%-3,7%.

Según estima Ceoe, la nueva subida tendrá un coste aproximado para las empresas de US$3.292 millones, que recaerán especialmente sobre las pequeñas y medianas empresas y a los sectores intensivos en mano de obra, "además de a numerosas familias que necesitan contratar servicios de cuidados para poder desarrollar su actividad profesional y que verán incrementados sus costes por encima del IPC".

Cabe recordar, además, que en esta nueva entrega de la subida del salario mínimo tampoco se resuelve una de las cuestiones que vienen reclamando desde las organizaciones empresariales ante la imposibilidad de minorar la senda de aumento de costes salariales: que al menos estos se puedan repercutir en los contratos públicos.

Algo que impide la vigencia de la ley de desindexación. Así aunque el Ejecutivo fuerza a las empresas a elevar los salarios más bajos y aumentar sus costes, estas no pueden actualizar los precios de las contratas públicas que tienen una duración de varios años.

También queda en el tintero un apéndice del proceso de subidas del salario mínimo que han reivindicado los sindicatos, y que puede hacer que UGT y Ccoo no apoyen esta vez la revalorización. Se trata de la prohibición de absorción de la subida a través de pluses y complementos.

Una medida que quedó sellada en el acuerdo de subida de 2026 alcanzado por el Trabajo y los sindicatos, pero que el Gobierno no ha llevado a término. Esto, más allá, implicaría una vuelta de tuerca a los costes asociados a la revalorización toda vez que obligaría a que el salario mínimo fuera la base a partir de la cual se contabilizan multitud de complementos que los trabajadores ya tienen consagrados en sus contratos y convenios colectivos.

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