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Dina Boluarte, presidenta del Perú
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Si bien esta noticia generó alarmas, no es tan sencillo llevar adelante una propuesta así, ya que se deben seguir una serie de pasos y esperar plazos
El Gobierno nuevamente puso sobre el debate la posible salida del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Sidh, algo que ha sido solicitado de manera reiterada por una mayoría de legisladores y cuestionado desde diversos sectores.
Durante su discurso ante el Pleno del Congreso, a donde acudió para exponer su plan de trabajo y solicitar el voto de confianza, el premier Eduardo Arana reconoció que la permanencia de nuestro país en dicho sistema es un aspecto de sumo interés para el Parlamento y la ciudadanía en general.
Sin embargo, recordó que, de acuerdo con el artículo 57 de la Constitución, es potestad del Ejecutivo adoptar una decisión soberana sobre este tema, por lo que anunció que propondrá crear una comisión que evalúe “de manera seria y responsable” la permanencia del Perú en el SIDH.
“Como demócrata, propongo ante este honorable Parlamento la creación de una Comisión integrada por el Ejecutivo, el Legislativo, la sociedad civil, la academia y las instituciones y organismos competentes, para evaluar, estudiar y proponer de manera seria y responsable una decisión consensuada sobre la continuidad del Perú en dicho sistema”, enfatizó.
Asimismo, recalcó que el Gobierno de Dina Boluarte “no pagará ni un centavo del erario público en indemnizaciones establecidas por tribunales internacionales”, en favor de quienes fueron juzgados y sentenciados en el Perú por delitos de terrorismo.
Si bien esta noticia generó alarmas, lo cierto es que no es tan sencillo llevar adelante una propuesta de este tipo, ya que se deben seguir una serie de pasos y esperar los plazos establecidos.
El Sidh está compuesto por un conjunto de normas e instituciones que tienen la finalidad de asegurar la promoción y protección del derecho internacional de los derechos humanos en nuestra región.
El sistema fue creado en el marco de la Organización de los Estados Americanos, OEA, y se fundamenta en tres tratados o resoluciones: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948), la Carta de la OEA (1948) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969).
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