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Escrivá anuncia que el límite conjunto deducible por planes individuales y colectivos de pensiones se eleva a €$5.750
El Gobierno ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros el primer informe sobre el borrador del anteproyecto de ley de fondos de pensiones de promoción pública y planes simplificados, diseñado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en colaboración con el resto de ministerios económicos. El texto recoge la arquitectura básica de una de las medidas estrella de este Gobierno en materia de previsión social complementaria, que ahora se someterá a los informes pertinentes para ser aprobado definitivamente por el Gobierno antes de final de año y enviado al Parlamento para que quede tramitado antes del primer semestre de 2022.
El ministro responsable del ramo, José Luis Escrivá, ha explicado hoy tras la reunión del Consejo de Ministros, que el Gobierno creará con esta ley "un fondo (de pensiones) de empleo impulsado desde el sector público, al quee podrán adscribir muchos trabajadores de muchas pymes, autónomos y trabajadores en administraciones públicas". Garantizando, ha añadido, "que las comisiones de gestión sean muy bajas".
Escrivá ha anunciado también que el límite conjunto deducible por planes individuales y colectivos de pensiones de 10.000, que se estableció en los Presupuestos Generales del Estado par 2022, se elevará de 2.000 a 5.750 euros para los autónomos (1.500 euros de tope de planes individuales y 4.250 por la parte patronal de la aportación a un plan colectivo). Este colectivo tenía hasta ahora muy complicado acceder a un plan de empleo.
Según el primer borrador de este texto, adelantado por Cinco Días a mediados de octubre, la Seguridad Social lanzará una suerte de marco común bajo el que sumar multitud de planes colectivos de empleo, descartando un macrofondo de pensiones para empresas y autónomos con gestión privada obtenida por concurso y una supervisión pública.
Por el contrario, podrán constituir los planes de empleo simplificados (una figura jurídica de nueva creación, y vinculada necesariamente a los fondos de empleo de promoción pública), “empresas incluidas en los acuerdos sectoriales vinculados a la negociación colectiva”; “Administraciones públicas y sociedades mercantiles públicas”; “asociaciones de trabajadores autónomos para sus asociados, por colegios profesionales o por mutualidades de previsión social (como la Mutualidad de la Abogacía)”.
En principio, estos fondos serán administrados por una entidad gestora con el concurso de una entidad depositaria y bajo la supervisión de una única comisión de control especial para todos los fondos de pensiones de promoción pública.
Según ese primer anteproyecto podrán ser entidades gestoras de fondos de pensiones de empleo de promoción pública las entidades que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 20 Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones.
Cada asociación de autónomos, Administración pública o patronal sectorial deberá presentar hasta tres propuestas de gestoras para que se encarguen de administrar el dinero que se vaya depositando a favor de los trabajadores. Por lo tanto, podrían participar decenas de firmas (normalmente ligadas a bancos, a aseguradoras y a mutualidades de previsión social, así como alguna firma independiente, e incluso grupos extranjeros).
La comisión máxima que podrán cobrar las gestoras será del 0,4% anual, mientras que la entidad depositante podrá cobrar hasta un 0,1% anual. Por lo tanto, como máximo las comisiones llegarán al 0,5%, muy por debajo de las que se pagan en planes de pensiones individuales.
El Gobierno explica en la exposición de motivos las dos razones que le han llevado a promover este fondo de promoción pública. En primer lugar, se refiere al informe de la Airef que determinó que el actual sistema de pensiones privadas era claramente regresivo fiscalmente y no lograba su objetivo de ser un instrumento de ahorro a medio y largo plazo.
En segundo lugar, se refieren al “estancamiento observado en la actualidad en los planes de pensiones de empleo”. Desde 2012 su patrimonio se sitúa en el entorno de los 35.681 millones de euros alcanzados al cierre de 2020 y superando ligeramente los dos millones de partícipes. De esta forma, el peso relativo de los fondos de empleo sobre toda la previsión total complementaria ha pasado del 50% en los años noventa al 25% actual.
Para revertir esta situación, además de la creación de este fondo –que también responde a las recomendaciones del Pacto de Toledo y a las de la Comisión Europea en el marco de los fondos de recuperación—el Gobierno ha modificado también los incentivos fiscales a la inversión trasladando el grueso de las deducciones a los planes colectivos en detrimento de los individuales, en los que en 2021 solo se podrá aportar 2.000 euros, y 1.500 euros en 2022, frente a los 8.500 euros que regirán para los planes de empleo.
La nueva normativa prevé que “los activos de los fondos de pensiones serán invertidos exclusivamente en interés de los partícipes y beneficiarios tomando en consideración la rentabilidad, el riesgo y el impacto social de las inversiones”.
La recepción inicial del texto fue buena entre las gestoras de planes de pensiones, pues se acerca mucho a un proyecto presentado por Inverco al ministerio antes del verano, y en el que participaron los grandes bancos y aseguradoras, coordinados por la consultora Deloitte. Para el sector era fundamental que hubiera una plataforma abierta a múltiples gestoras.
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