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Donald Trump, presidente de EE.UU.
El caso es Trump contra el Servicio de Impuestos Internos, 26-cv-20609, Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Florida (Miami)
Un grupo de más de 30 exjueces federales instan a un magistrado estadounidense en funciones en Florida a investigar si el acuerdo de US$1.800 millones alcanzado por la administración Trump para resolver la demanda del presidente contra el Servicio de Impuestos Internos fue "un fraude procesal".
La jueza federal Kathleen Williams cerró el caso del presidente Donald Trump a principios de este mes después de que sus abogados personales retiraran la demanda, que buscaba responsabilizar al IRS por una filtración anterior de su información fiscal. El Departamento de Justicia anunció por separado en ese momento que había acordado crear un fondo de US$1.000 millones para la "anti-instrumentalización" del IRS para resolver el asunto, pero no presentó dicho acuerdo a la jueza.
En un documento presentado ante el tribunal el miércoles, los exjueces —tanto republicanos como demócratas— solicitaron a Williams que les permitiera participar en el caso y que revocara el sobreseimiento de la demanda de Trump y reabriera el proceso. Argumentan que, según las normas de los tribunales federales, la jueza tiene autoridad para revisar una sentencia definitiva e investigar si el tribunal fue engañado.
“El supuesto ‘acuerdo’ que las partes nunca presentaron ante este tribunal plantea serias dudas sobre la sinceridad de las partes hacia el tribunal y sobre la manipulación del sistema judicial, lo que amenaza con socavar la confianza en la administración de justicia”, escribieron los abogados de los jueces.
El equipo legal de Trump emitió un comunicado en el que afirma que él "llega a este acuerdo exclusivamente en beneficio del pueblo estadounidense, y continuará su lucha para que quienes perjudican a Estados Unidos y a los estadounidenses rindan cuentas".
Un portavoz del Departamento de Justicia declaró que no hay nada impropio en el acuerdo y calificó la presentación de los jueces de "frívola".
Según el comunicado, “es una práctica habitual que los demandantes desestimen los casos sin hacer referencia a ningún acuerdo”.
Además del fondo, el acuerdo entre Trump y su administración también incluía una cláusula que prohíbe al IRS continuar investigando sus declaraciones de impuestos anteriores.
Los jueces federales suelen tener poca discreción para objetar cuando una parte retira una demanda, especialmente en una etapa temprana, como sucedió en la demanda de Trump. Trump presentó la demanda en enero, representado por un abogado privado. El gobierno aún no había respondido a las alegaciones.
Los exjueces afirmaron en su último escrito que la situación en el caso de Trump presenta "circunstancias extraordinarias" que permitirían a terceros plantear una acusación de fraude.
Williams ya había iniciado una investigación sobre la validez de la demanda de Trump cuando se anunció el acuerdo, expresando su preocupación por el hecho de que parecía controlar a ambas partes. Los tribunales federales tienen jurisdicción sobre casos contenciosos que involucran un caso o controversia en curso.
Los críticos del acuerdo del fondo lo han tachado de "fondo discrecional" destinado a beneficiar a los leales y aliados de Trump. La administración también ha enfrentado una inusual oposición por parte de algunos republicanos en el Congreso. El Departamento de Justicia ha declarado que los pagos no se basarán en afiliaciones partidistas, pero citó políticas y acciones de la administración Biden como ejemplos de la supuesta instrumentalización del gobierno que el fondo pretendía combatir.
El caso es Trump contra el Servicio de Impuestos Internos, 26-cv-20609, Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Florida (Miami).
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