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Los cárteles de la droga han introducido de contrabando enormes volúmenes de gasolina y diésel estadounidenses en México
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas del país que, según la agencia, están vinculadas a una red de contrabando de combustible con lazos con un cártel.
La medida es la más reciente iniciativa del gobierno de EE.UU. para combatir el comercio transfronterizo ilegal de combustible, que provoca pérdidas anuales por decenas de millas de millones de dólares tanto para EE.UU. como para México. Los cárteles de la droga han introducido de contrabando enormes volúmenes de gasolina y diésel estadounidenses en México, transportando el combustible de forma clandestina para evadir el pago de impuestos. Estas operaciones han alcanzado tal magnitud que se han convertido en la principal fuente de ingresos de los cárteles, solo por detrás del narcotráfico.
EE.UU. sancionó a nueve empresas vinculadas a dos ciudadanos mexicanos: Óscar Guillermo Juraidini Silva y J. Refugio Ruiz Villagómez, propietarios de compañías de transporte, servicios financieros e inmobiliarias que, según un comunicado del Tesoro publicado el martes, habrían colaborado con los cárteles para contrabandear combustible desde EE.UU. hacia México.
Ambos hombres están acusados de realizar transacciones por valor de decenas de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense con terceros vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), según el comunicado.
El contrabando ilegal de combustible le costó al gobierno mexicano más de US$11.000 millones en pérdidas de ingresos fiscales el año pasado. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha ampliado en los últimos meses la cooperación con las agencias estadounidenses para frenar este problema.
Las autoridades acusan a Juraidini de utilizar empresas ficticias a nombre del Cjng y de falsear el etiquetado de las importaciones de combustible para evadir los impuestos de importación en México. A Ruiz se le acusa de ser propietario de empresas que sobornan a delincuentes que controlan los puertos de entrada entre EE.UU. y México para introducir combustible de forma ilegal.
Las empresas vinculadas a Juraidini y Ruiz no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Aunque México produce más petróleo que la mayoría de los miembros de la Opep, sus refinerías, cada vez más antiguas, no pueden satisfacer la demanda interna de diésel y gasolina. El país importa más de 60% del combustible que consume, principalmente desde EE.UU.
Aproximadamente uno de cada tres litros de combustible vendidos en México proviene de fuentes ilegales, según una estimación de la principal asociación nacional de distribuidores de combustible y operadores de estaciones de servicio.
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