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“La frustración de la ciudadanía puede alimentar autoritarismos”, dijo Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia
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El director de Transparencia Colombia habló de los retos de la región, Andrés Hernández, habló del desafío de recuperar la confianza ciudadana
Colombia obtuvo 37 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, publicado por Transparencia por Colombia, capítulo nacional de Transparencia Internacional. Este resultado ubica al país en el puesto 99 de 182 países, un retroceso frente a 2024 (39 puntos, puesto 92) y a 2023, cuando alcanzó 40 puntos, el mayor puntaje de la última década. Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, destacó que la caída sostenida tanto en puntuación como en posición refleja la fragilidad de los avances en la lucha contra la corrupción y el desafío de recuperar la confianza ciudadana.
El Índice muestra que la región necesita revisar a fondo sus instituciones y liderazgos para enfrentar la corrupción y sus vínculos con el crimen organizado. Hay tres puntos claves: garantizar la independencia judicial, proteger el espacio cívico (libertad de expresión, participación y acceso a la información) y fortalecer las democracias frente a la corrupción de alto nivel. Algunos países, como Costa Rica, Uruguay y Chile, destacan por haber logrado estos elementos de manera consistente.
Es un riesgo real. Cuando los ciudadanos perciben que la corrupción no se combate de manera efectiva, su desconfianza puede llevarlos a priorizar resultados sobre procedimientos democráticos, lo que abre espacio a tendencias autoritarias. En la región, esto se refleja en el crecimiento de regímenes autoritarios y en intentos de cooptación de poderes judiciales y electorales, además de vínculos entre crimen organizado y corrupción. En Colombia, más de 80% de la población cree que la corrupción está empeorando, lo que pone una alarma sobre la fragilidad de la confianza ciudadana y la necesidad de fortalecer instituciones y garantizar resultados.
Hay varios factores. Por un lado, los escándalos de gran corrupción en niveles altos del gobierno, que involucran sumas significativas de dinero y afectan a la población. Por otro, la brecha entre normas institucionales, que parecen sólidas en el papel, y su aplicación práctica, con sistemas de sanción lentos y poco disuasorios. También persiste un deterioro en el control ciudadano y la libertad de prensa, esenciales para supervisar el ejercicio del poder.
Aunque las variaciones anuales pueden parecer pequeñas, la tendencia a la baja que se observa desde 2023 indica un problema estructural que requiere transformaciones en liderazgo anticorrupción, independencia judicial, protección de denunciantes y fortalecimiento de la gestión pública, incluyendo contratación estatal y trazabilidad de recursos.
La ruptura se produce en la incoherencia entre lo que el gobierno promete y lo que realmente se implementa. En 2022 se generó una expectativa de transformación y de avance en la lucha contra la corrupción, pero en la práctica muchas de esas expectativas no se cumplieron. Se repitieron patrones de manejo cuestionable de recursos, escándalos relacionados con cupos indicativos y afectaciones en sectores clave como salud y educación. Esto erosiona la percepción de que las instituciones funcionan para proteger el interés general. Cuando la ciudadanía percibe que los mecanismos de control no son efectivos, se genera desconfianza.
“Los problemas que recorren y maltratan a la región encontrarán su respuesta a partir de una acción colectiva que privilegie el bienestar y convoque por encima de las diferencias ideológicas”
Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, señaló que el primer paso es garantizar un proceso electoral transparente y confiable, especialmente en un año de elecciones, ya que la ciudadanía observa con atención cómo se manejan los votos, las campañas y los compromisos de los candidatos. Además, es fundamental fortalecer el voto crítico: no basta con un voto informado, es necesario que los ciudadanos puedan evaluar la coherencia entre las promesas y los resultados, y que ese voto genere un mandato de transformaciones serias.
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