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ACTUALIDAD Empresas de transporte preparan una ofensiva judicial contra el decreto 'anti-Uber' en España
domingo, 7 de octubre de 2018

Las empresas del sector buscan todas sus opciones, desde hacer 'lobby' en el Congreso hasta promover arbitrajes internacionales

Diario Expansión - Madrid

Los servicios jurídicos de los titulares de las licencias de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) están perfilando la ofensiva con la que combatirán el real decreto ley en el que se cede la emisión y gestión de permisos a las comunidades autónomas. La norma limita los actuales VTC a los transportes interurbanos, pero fija un periodo de gracia de cuatro años que funciona como fórmula de indemnización para los afectados. Puede ampliarse en dos años en función de las inversiones realizadas. A efectos prácticos, el real decreto ley deja en el aire el 88% de las actuales licencias.

Los últimos días han sido de especial actividad para los abogados. Garrigues asesora a a Auro y Vector, mientras que Gómez-Acebo & Pombo trabaja con Moove, y Clifford Chance lo hace con varios empresarios, entre ellos Juan Ortigüela. Además, uno de los abogados con más experiencia en el ámbito de la movilidad, José Andrés Díez, ha elaborado un informe para la patronal Unauto y varios interesados.

La primera fase de la ofensiva es política y obligará a Unauto a hacer lobby para intentar que el Congreso no convalide el real decreto ley. Desde una de las empresas, reconocen que "hoy por hoy la probabilidad es del 90% a favor de que la norma se apruebe".

Será ese el momento para abordar los diferentes frentes judiciales, sin descuidar el plazo de tres meses que el real decreto ley concede a los titulares de VTC para justificar la ampliación en dos años de sus permisos.

Díez asegura que los dos puntos débiles de la norma son en primer lugar el incumplimiento de las exigencias de "urgencia y necesidad" requeridos para un real decreto ley y, en segundo lugar, su inconstitucionalidad, al vulnerar desde su punto de vista el artículo 150 de la Carta Magna que fija la ley orgánica como fórmula para la cesión de competencias a las autonomías.

Sin embargo, ni los particulares ni las empresas tienen capacidad para recurrir un real decreto ley ante el Constitucional, de modo que los VTC intentarán en un primer momento convencer a 50 diputados o a otros tantos senadores o al Defensor del Pueblo o a una comunidad autónoma. Por lo pronto, la Comunidad de Madrid ya se ha quejado de que el Gobierno no le consultó el contenido del real decreto ley.

Otra vía que recomienda explorar el informe elaborado para Unauto es la indirecta de inconstitucionalidad. Consiste en plantear esta cuestión en los juzgados que trabajan con conflictos relacionadas con los VTC para que sus titulares la eleven al Constitucional.

El tercero de los frentes atañe a Bruselas. Los VTC pueden denunciar, por lo pronto ante la Comisión Europea, una norma que desde el punto de vista de los letrados va contra las directivas de unidad de mercado o de servicios.

Como opción menos probable también está la de que algún inversor internacional decida denunciar a España ante un tribunal internacional de arbitraje, como ocurrió con el caso de las renovables. Este trámite es caro -puede superar los dos millones de euros- y a lo sumo solo podrían hacerlo inversores foráneos como el fondo norteamericano King Street, sin que sus resultados puedan extrapolarse al resto de inversores. Las licencias de VTC tienen en realidad un coste muy bajo, de apenas 40 euros en el momento de su expedición, y su valor solo puede demostrarse apelando a los precios de un mercado que en ningún momento ha llegado a adquirir carta de naturaleza. A finales de 2017, el anterior Gobierno prohibió durante dos años la compraventa de licencias de VTC.

Al presentar el pasado viernes su real decreto ley, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se preció de que "no gustará a nadie", como muestra de ecuanimidad. Desde la asociación de taxistas Antaxi también se ha expresado la intención de batallar judicialmente contra los cuatro años de moratoria al sector.

Ábalos también destacó que el texto está "blindado" jurídicamente por los abogados del Estado. Argumentó que no hay cesión de competencias porque las comunidades autónomas ya son las responsables de la ordenación del transporte y que es legal ofrecer una indemnización "en forma de tiempo". La norma publicada el sábado pasado en el BOE justifica su urgencia en que las VTC están afectando de forma " inmediata y significativa" a la ordenación del transporte en las ciudades.

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