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Grupos de defensa de derechos humanos y abogados han negado los cargos contra las personas mencionadas por Bukele.
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El Fiscal General de Venezuela, Tarek Saab, aseguró que la Corte Suprema de El Salvador rechazó la petición y condenó la decisión
El Fiscal General de Venezuela dijo el lunes que la Corte Suprema de El Salvador rechazó su petición de protección de los derechos de los deportados venezolanos detenidos en una prisión de máxima seguridad del país centroamericano.
El fiscal Tarek Saab dijo en un comunicado que formuló la petición el 30 de marzo y que sólo recibió respuesta 80 días después en un correo electrónico indicando que la sala constitucional de la corte salvadoreña declaró "improcedente nuestra intervención alegando que la comunicación enviada no cumple con los requisitos legales y formales establecidos, ni se realizó por los canales diplomáticos adecuados".
Con su pronunciamiento, la corte salvadoreña "pretende desentenderse de su responsabilidad constitucional de proteger la libertad y la integridad personal de los 252 ciudadanos venezolanos enviados desde Estados Unidos a El Salvador y detenidos allí sin haber cometido ningún delito".
Dirigentes opositores y activistas venezolanos han criticado al gobierno por decir que las detenciones en El Salvador son ilegales mientras mantiene a personas en condiciones similares en carceles en Venezuela.
Los venezolanos fueron deportados en marzo, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invocara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar con rapidez a presuntos miembros de la banda Tren de Aragua sin pasar por los procedimientos normales de inmigración.
"Vamos a estar entre los 36 y 37 °C en Montevideo. En el suroeste, fundamentalmente sobre Soriano y Colonia, estamos hablando de más de 40 °C", aseguró el meteorólogo Mario Bidegain
Los equipos de emergencia también buscaban en Granada a un joven que fue arrastrado por la corriente cuando intentaba cruzar el cauce de un río en moto
La entidad explicó que la decisión se adoptó tras un análisis técnico, legal, financiero, ambiental y social que se extendió por nueve meses
