El presidente de Perú tiene un plan para evadir crisis latinoamericana

Barreras de barro, palos y alambres de acero bloquean la entrada a las aldeas que bordean el lado norte del río Tambo, una señal de revuelta en el fértil valle cultivado desde la época inca.

Durante casi una década, los agricultores de esta franja verde encajada entre las montañas andinas y el Océano Pacífico se han resistido a la construcción de una mina de cobre que, según dicen, contaminará los cauces de agua y destruirá sus medios de subsistencia. Ahora se sienten traicionados por el presidente de Perú después de que su gobierno concediera la aprobación final al proyecto Tía María de Southern Copper Corp.

"No podemos permitirlo", dijo la concejala Zulema Quispe, que recorría las barricadas en la parte trasera de una motocicleta. Los campos labrados durante siglos estarán contaminados para las generaciones futuras por la mina que se ubicará a solo 800 metros de distancia, dijo. "El presidente está priorizando a una empresa multinacional y no lo aceptaremos".

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En el exterior, Perú parece una apacible isla en el mar de disturbios que arrasa a América del Sur. Sin embargo, la ira de los agricultores en la sureña región de Arequipa muestra que el país no es inmune al tipo de malestar fuera de sus fronteras y que el presidente Martín Vizcarra tiene la llave.

Vizcarra está involucrado en un experimento de alto nivel para aprovechar la indignación pública por la corrupción desenfrenada y hacer estallar el sistema, mientras trata de mantener en marcha la economía dependiente de la minería de Perú. Su decisión de destituir al Congreso controlado por la oposición este otoño le ha ganado aliados e incentivado a sus detractores en un momento en que las protestas han sacudido a los vecinos Bolivia y Chile hacia el este y el sur, y Ecuador y Colombia en el norte.

Vizcarra, cuyo gobierno acaba de perder a un tercer ministro del gabinete en dos meses, reconoce la amenaza de los disturbios en Perú, pero dice que la disolución del Parlamento ha ayudado a aliviar las "enormes" tensiones políticas. Las elecciones para su reemplazo el 26 de enero ofrecerán un primer indicio de si está en lo correcto.

"Hay una calma absoluta después de la disolución del Congreso", dijo Mercedes Aráoz, quien renunció como vicepresidenta para protestar por la decisión de Vizcarra. "Pero la gente comenzará a presentar sus demandas a un gobierno que no tiene una agenda clara". Sin mejores relaciones entre las compañías mineras, las comunidades y el gobierno, el conflicto social probablemente aumentará, dijo.

Vizcarra, de 56 años, tomó un camino poco convencional hacia el poder. Un ingeniero que dirigió una empresa de construcción familiar en el sur durante casi dos décadas antes de ingresar a la política, es una persona relativamente ajena a Lima. A su llegada, rechazó a las élites de la capital, se rodeó de un pequeño círculo de gente de su confianza y nombró a aliados de su región natal de Moquegua para cargos en el gabinete.

Su carrera política nació de las protestas callejeras en Moquegua en 2008 cuando, como decano del colegio local de ingenieros, dirigió las negociaciones de gran parte de las regalías mineras de Southern Copper. Dos años después, ganó la carrera para gobernador regional y negoció conversaciones para poner fin a las protestas de la comunidad contra los planes de Anglo American Plc de construir una enorme mina de cobre.

Su oportunidad llegó en 2016 cuando fue elegido vicepresidente por el partido de Pedro Pablo Kuczynski. Kuczynski renunció menos de dos años después tras verse envuelto en la investigación de soborno "Lavajato" centrada en el gigante de la construcción brasileño Odebrecht SA, que atrapó a otros tres presidentes peruanos. Vizcarra fue el primero en la fila para reemplazarlo.

Como presidente, introdujo reformas para sanear el poder judicial y los partidos políticos, pero ante la resistencia en el Congreso, finalmente disolvió el cuerpo. Fue una medida controvertida que señaló su determinación de enfrentarse a las élites del país. La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, Confiep, criticó la decisión.

Para Aráoz, fue una distracción por parte de una "política superficial y frívola" lo que subrayó el fracaso de la administración de Vizcarra en cumplir con "la promesa de brindar un mejor bienestar social" y acelerar el crecimiento económico.

Sin embargo, obtuvo un respaldo público abrumador. El Congreso era profundamente impopular y el índice de aprobación del presidente se elevó a 80% después de que lo disolvió el 30 de septiembre. Sus calificaciones siguen siendo altas mientras impulsa un programa reformista anticorrupción.

Las elecciones del próximo mes aún son difíciles de convocar. Una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos el mes pasado encontró alrededor del 5% de apoyo al partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori, hija del desprestigiado expresidente Alberto Fujimori y abierta opositora de Vizcarra, con 9% para Acción Popular de centroizquierda y 5% para el Partido Morado centrista, ambos más receptivos al presidente. Pero después de varios años tumultuosos, la mayoría (61%) dijo que planeaba emitir un voto de protesta o aún no lo había decidido.

Si bien Vizcarra no tiene un partido político propio y no respalda a ningún candidato, algunos podrían apoyar su programa de todos modos. Pero también pueden intentar sondear su disolución del Parlamento. El Tribunal Constitucional establecerá las pautas cuando se pronuncie sobre la legalidad de la decisión, posiblemente en las próximas semanas.

La historia política de Perú ha estado marcada por golpes militares, guerras y líderes corruptos desde su independencia de España hace casi dos siglos que han dejado profundas cicatrices en la sociedad hasta nuestros días. Al igual que muchos de sus vecinos sudamericanos, Perú se enfrenta a una especie de juicio interno.

"Perú es un país con un estado débil, desigualdad extrema e instituciones débiles", dijo Steven Levitsky, profesor de gobierno en la Universidad de Harvard, que ha escrito numerosos artículos sobre la democracia peruana. "Así que siempre hay un riesgo de protestas y un riesgo de que el gobierno caiga".

Al borde de la catástrofe económica hace 30 años, el país se abrió al libre comercio, la inversión y la prudencia fiscal. Pasó a registrar el crecimiento promedio más rápido y la inflación más baja entre las principales economías latinoamericanas durante dos décadas. Pero si bien los ingresos promedio se han triplicado con creces, los sistemas de salud, educación y transporte están fallando y el crimen y la corrupción han proliferado.

Perú es conocido por sus conflictos sociales; con suerte pasa una semana sin alguna manifestación contra una empresa minera, una política gubernamental u obras públicas incompletas. Los conflictos son tan frecuentes que un defensor del pueblo los supervisa mensualmente.

Algunos líderes empresariales consideran que Vizcarra empeora las cosas al cambiar de opinión, ceder ante los manifestantes y retractarse cuando se enfrenta a la oposición en temas como la minería y el petróleo. Su gobierno confirmó el permiso de la mina Tía María, pero dijo que un regulador revisará el estudio ambiental del proyecto y que la oposición de la comunidad debe disminuir antes de que pueda comenzar la construcción.

"Necesitamos tener previsibilidad y la seguridad de que los marcos legales serán respetados para llevar a cabo inversiones a largo plazo", dijo María Isabel León, presidenta de la Confiep.

Las investigaciones de corrupción han paralizado grandes inversiones en infraestructura, mientras las turbulencias políticas han afectado el sentimiento empresarial. Si bien Kuczynski, un veterano de Wall Street, impulsó a los líderes empresariales, los inversionistas no tienen claro cuál es la posición de su sucesor.

"No tengo la impresión de que este gobierno crea plenamente en el sector privado", dijo Roque Benavides, presidente de la Compañía de Minas Buenaventura SAA, que tiene participaciones en las minas de cobre y oro más grandes del país.

El gobierno de Vizcarra está trabajando con el sector privado para mejorar la economía, dijo su jefe de gabinete, Vicente Zeballos, en una respuesta por correo electrónico a las preguntas, y agregó que la mayoría de los peruanos aprecian y respetan al presidente. El crecimiento económico está listo para acelerarse el próximo año y el presidente se está moviendo para ganarse a los votantes. Días después de que las calles de Chile explotaran en protesta a mediados de octubre, Vizcarra anunció un paquete de medidas que incluía un aumento al salario mínimo y un mayor acceso a medicamentos más baratos.

Vizcarra justifica sacudir el sistema con el argumento de que "si las cosas no funcionan, hay que cambiarlas". Recientemente dijo que su mantra a los miembros del gabinete es: "No estamos aquí para dejar las cosas como están".

Aun así, un signo de interrogación persiste sobre cuánto tiempo puede continuar su acto de equilibrismo, particularmente porque la minería sigue siendo el principal impulsor de la economía.

En el valle de Tambo, donde los incas alguna vez cultivaron ajíes, los agricultores solo quieren seguir cultivando papas, caña de azúcar y ajo para los mercados del sur de Perú y Bolivia sin interferencia minera. Las garantías del gobierno de que Tía María no contaminará el suministro local de agua son recibidas con escepticismo, especialmente después de que Vizcarra intervino en su nombre, solo para conceder el permiso a la mina.

"¿Por qué el gobierno quiere imponer este proyecto con sangre y fuego?", dijo Juan Galdós, de 61 años, que defendía una barricada en Cocachacra, la ciudad más grande del valle. Encarcelado en 2015 por oponerse a la mina, dijo que se guió por el ejemplo de Vizcarra al enfrentarse a Southern Copper. Ahora se siente profundamente traicionado.

"Llegan al poder y esto es lo que sucede", dijo.