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El país ratificó el pacto global que prohíbe subsidios a la pesca ilegal y busca proteger los recursos marinos, sumándose a los esfuerzos internacionales de sostenibilidad
El acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada entró oficialmente en vigor en Panamá el 15 de septiembre de 2025, tras la entrega del instrumento de ratificación por parte del Ministerio de Comercio e Industrias, encabezado por Julio Moltó. Esta medida busca limitar de manera directa las prácticas que ponen en riesgo la sostenibilidad de los recursos marinos y garantizar el cumplimiento de normas internacionales que protejan tanto la biodiversidad como los medios de vida de las comunidades pesqueras.
El pacto internacional establece la prohibición de otorgar subsidios a actividades vinculadas con la pesca ilegal, además de restringir ayudas a flotas que operen en zonas de alta mar sin regulación y a aquellas que capturen especies que ya se encuentran sobreexplotadas. Con su implementación, se pretende frenar el deterioro de los océanos y reforzar la gobernanza pesquera a nivel global.
Panamá se suma así a países como Brasil, Kenia, Tonga y Vietnam, que han ratificado recientemente este acuerdo, lo que permitió alcanzar el umbral de aceptación de dos tercios de los miembros requerido por la OMC para su entrada en vigor. El gobierno panameño ha resaltado que esta decisión representa un paso firme hacia la consolidación de compromisos internacionales y que se complementa con otras acciones adoptadas en los últimos años, como la ampliación de sus reservas marinas. De hecho, el país ya superó el 30 % de protección de sus áreas oceánicas, una meta fijada en el marco de la iniciativa “30x30” de las Naciones Unidas.
Las autoridades recalcan que este es apenas el inicio del proceso, ya que en la 12ª Conferencia Ministerial de la OMC quedaron pendientes algunos puntos de negociación. Por ello, se prevé un segundo acuerdo que complemente y refuerce las disposiciones actuales, con el fin de establecer controles aún más estrictos sobre las subvenciones dañinas que incentivan la sobrepesca.
Con esta adhesión, Panamá proyecta su imagen como un actor comprometido con la sostenibilidad ambiental y la defensa de los océanos, al tiempo que busca equilibrar el desarrollo económico con la preservación de los recursos naturales para las próximas generaciones.
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