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El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López
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A través del Ministerio de Transformación Digital que dirige Óscar López, decidió elevar los umbrales de garantía eléctrica de las redes de las operadoras de telecos
El apagón eléctrico total del 28 de abril de 2025 cambió muchas cosas en España. Y una de ellas fue la percepción de la solidez de las redes de telecomunicaciones, ya que las de telefonía móvil cayeron en poco tiempo elevando aún más la sensación de situación excepcional por parte de la población.
Tras esa debacle energética, el Gobierno, a través del Ministerio de Transformación Digital que dirige Óscar López, decidió elevar los umbrales de garantía eléctrica de las redes de las operadoras de telecos. Por eso a finales de 2025 inició el trámite para un Real Decreto de Resiliencia de las Redes que elevará sensiblemente las obligaciones de Telefónica, Orange, Vodafone y Digi, los cuatro operadores con emplazamientos móviles propios, de cara a prevenir las consecuencias de otro apagón potencial.
El Real Decreto establecerá la exigencia de que Telefónica, Orange, Vodafone y Digi cubran con baterías capaces de proporcionar cuatro horas de funcionamiento en caso de apagón a los emplazamientos de antenas móviles que proporcionen cobertura 75% de la población española, es decir, a alrededor de 37,5 millones de habitantes, según ha sabido Expansión de fuentes conocedoras del proceso. Y también exigirá a las telecos que esa capacidad de respaldo energético de emergencia esté totalmente desplegada para finales de 2029 o principios de 2030. Es decir, a los tres años de entrada en vigor del Real Decreto que está tramitando el Ministerio de Transformación Digital.
En cualquier caso, la exigencia del Gobierno situará a España entre los países con estándares de seguridad energética en las redes móviles más avanzados de Europa.
La exigencia de esta cobertura de respaldo energético ha sido mal recibida por el sector de las telecos desde el principio, ya que considera que el Gobierno carga sobre el sector de telecos los costes de garantizar el servicio desde el punto de vista energético, algo que debería ser asegurado por las compañías eléctricas.
Sin embargo, la decisión de establecer 75% de cobertura de población será recibida por las operadoras con cierto alivio, ya que, inicialmente, las intenciones del Ministerio en esta materia eran aún más exigentes. El primer borrador que manejaba el Gobierno y que hizo público, establecía que la garantía de cobertura mediante baterías de respaldo u otros sistemas (como generadores) debía alcanzar al 85% de la población, un porcentaje que las operadoras consideraron desproporcionado.
Es por eso que el nuevo listón de 75% y los tres años de plazo para poder alcanzarlo -lo que permite fraccionar la inversión durante 36 meses desde la aprobación- han contribuido a que los operadores acojan la medida con resignación, pero con menos oposición.
Fuentes del sector de las operadoras señalan que el recorte de ese 10% de cobertura, desde 85% inicialmente pretendido a 75% que es el que finalmente se prevé aprobar, implica un ahorro sustancial en la inversión que deben acometer bien las operadoras de telecos (Telefónica, Orange, Vodafone y Digi) o las compañías propietarias de torres (American Tower, Cellnex, Totem y Vantage). Hay que tener en cuenta que, aunque para las operadoras la dotación de baterías supone un aumento de costes, tanto por su compra e instalación como por su mantenimiento y reposición (las baterías solo duran unos años y su capacidad de almacenamiento disminuye con el tiempo), para las compañías de torres suponen una oportunidad de negocio adicional. Si es la torrera la que afronta los costes de compra, instalación, gestión y mantenimiento, luego vende ese servicio a la operadora cliente como un coste adicional al que ya paga la teleco por alojarse en el emplazamiento de la torrera.
Según las mismas fuentes, al bajar 75% de cobertura, una operadora puede tener que instalar baterías en unas 10.700 torres de telecos, en vez de hacerlo en unas 12.800 torres, como ocurriría si tuviera que hacerlo para dar cobertura a 85% de la población. Esa diferencia de 2.100 torres menos, 16%, supondrá, a su vez, un ahorro importante por cada red, ya que de una inversión inicial -a la que hay que sumar la gestión, el mantenimiento y la renovación posterior de los equipos, superior a los 70 millones de euros (US$80 millones) de media en el caso de 85% de cobertura, puede bajar a unos 60 millones de euros (US$68 millones) si la cobertura se sitúa en 75%.
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