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El Ministerio de Economía extendió hasta el 31 de diciembre de este año el plazo durante el cual ARCA no podrá iniciar juicios de ejecución fiscal ni trabar medidas cautelares contra estos contribuyentes
El Gobierno dispuso una nueva prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 de la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal y de la traba de medidas cautelares para un sector clave.
Lo hizo mediante la Resolución 1158/2026 del Ministerio de Economía, con la firma del ministro Luis Caputo, publicada este viernes en el Boletín Oficial
El beneficio aplica para entidades sin fines de lucro y contribuyentes del sector salud.
Se trata de la quinta prórroga consecutiva de un esquema que comenzó en enero de 2024 en respuesta a circunstancias económicas particulares que afectan a ambos sectores.
La resolución encomienda a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) instrumentar la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal.
A la vez, prohíbe la traba de medidas cautelares contra los contribuyentes alcanzados.
Se "prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026, inclusive, el plazo previsto en el artículo 1° de la resolución 1445 del 26 de diciembre de 2024 del Ministerio de Economía", dice la normativa.
La suspensión de ejecuciones fiscales se renueva periódicamente desde hace 18 meses. Una resolución de enero de 2024 ordenó suspender inicialmente esas acciones judiciales hasta julio, y luego el plazo se extendió reiteradamente.
En diciembre de 2024, el Ministerio de Economía restringió el beneficio a entidades sin fines de lucro y contribuyentes del sector salud.
La norma reconoce que ambos sectores atraviesan circunstancias particulares que justifican la continuidad del régimen de protección. Vale aclarar que, para este nuevo período de suspensión, el organismo considerará a las entidades sin fines de lucro que se encuentren registradas ante ARCA al 30 de julio de 2026, bajo alguna de las formas jurídicas indicadas.
De este modo, el Ministerio de Economía asegura la continuidad del esquema regulatorio establecido a fines de 2024, evitando el vencimiento de los plazos originalmente previstos al 31 de julio 2026, y adecuando los criterios de cumplimiento de una de las condiciones exigidas.
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