Donald Trump cataloga a líderes de Puerto Rico como 'corruptos', tras protestas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, opinó sobre el escándalo y las protestas que rodearon al gobierno de Puerto Rico y dijo en Twitter que "muchas cosas malas están sucediendo" en el territorio de EE.UU. y que sus líderes son "corruptos".

A lot of bad things are happening in Puerto Rico. The Governor is under siege, the Mayor of San Juan is a despicable and incompetent person who I wouldn’t trust under any circumstance, and the United States Congress foolishly gave 92 Billion Dollars for hurricane relief, much....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 18, 2019

También volvió a exagerar sobre la cantidad de ayuda estadounidense proporcionada después de que el huracán María devastara la isla y cobrara la vida de miles de personas en 2017. El Congreso asignó US$42.500 millones para la reconstrucción, pero Puerto Rico hasta ahora solo ha recibido cerca de US$13.600 millones.

Las protestas se desataron en San Juan desde el domingo, luego de que los medios locales publicaran mensajes de chat entre el gobernador, Ricardo Rosselló, y sus asistentes en los que utilizaron un lenguaje misógino y desprestigiaron a sus oponentes políticos y a puertorriqueños comunes.

El representante de Estados Unidos Raúl Grijalva, un demócrata que preside el comité de la Cámara de Representantes que supervisa la isla, solicitó la renuncia de Rosselló.

Puerto Rico estalla contra su gobernador y la Junta Fiscal

Enfurecidos por años de recesión y corrupción, viviendo bajo un gobierno en bancarrota, miles de puertorriqueños protestaron en el Viejo San Juan para exigir la destitución del gobernador Ricardo Rosselló, luego de que mensajes de texto filtrados demostraran que él y sus ayudantes eran vengativos, sexistas y profanos.

Ya sea que se quede o se vaya, puede no importar mucho para las fuerzas que ayudarán a determinar el destino económico de la isla.

Después de todo, el poder sobre el territorio de Estados Unidos no se ejerce exclusivamente en la mansión del gobernador en Fortaleza. Una parte importante reside a 8 kilómetros de distancia, en las oficinas de una junta de supervisión financiera creada por el Congreso, y en una jueza de bancarrota. La agitación en las calles solo puede prolongar el caso legal de dos años que ha dejado a los residentes sintiéndose impotentes y que ha avivado el resentimiento por el gobierno casi colonial.

"Principalmente, estamos aquí para protestar contra Ricky", asegura Carlos Crespo, de 21 años, del suburbio de Bayamón, quien se unió a miles de personas el miércoles por la noche para exigir un cambio. “No respeta a las mujeres, hizo chistes sobre las personas que murieron en el huracán María. Pero llevamos mucho tiempo sufriendo”.

Desde el domingo, los manifestantes han mostrado su furia contra un gobierno donde el poder tradicionalmente ha sido ejercido por pequeñas facciones bien conectadas. Muchos manifestantes jóvenes han dicho que están hartos de los dos principales partidos políticos de la isla, divididos en cuanto a la condición de Estado, pero unidos en no mejorar una mancomunidad asolada por un huracán y con un índice de pobreza de 45%.

Decenas de miles salieron a las calles el miércoles por la noche. Las protestas, en gran parte pacíficas al principio, degeneraron en un cuerpo a cuerpo lleno de gas lacrimógeno, con pequeñas bandas de manifestantes enmascarados y la policía jugando al gato y el ratón a través de las estrechas calles del Viejo San Juan.

"Los chats fueron la última gota", afirma Josarie Molina, de 48 años, mientras observaba a algunos manifestantes bailar con la música tradicional bomba. “Estamos cansados de luchar por todo, los recortes en los servicios, el recorte a la educación y el aumento de los impuestos. Creemos que es un títere".

La policía dijo que al menos cinco personas fueron arrestadas durante las protestas. Al final, los manifestantes provocaron incendios y la policía disparó gas lacrimógeno que entró en muchas casas.

Poder silencioso
Sin embargo, las decisiones más importantes para el futuro de la mancomunidad se toman en despachos de abogados, decorosas salas de audiencias y Washington, mientras los acreedores se enfrentan a la agencia de supervisión por la enorme deuda pública.

El Congreso creó la junta, conocida como la Junta Fiscal, para supervisar los presupuestos de Puerto Rico, los planes fiscales plurianuales y la crisis de deuda. La Junta gestiona el proceso de quiebra de la mancomunidad y negocia con los tenedores de bonos.

Puerto Rico está buscando reestructurar alrededor de US$27.000 millones de obligaciones vinculadas al gobierno central y su principal empresa de servicios públicos, la Autoridad de Energía Eléctrica, devastada por el huracán María en 2017. La Junta ahora está negociando con los propietarios de unos US$18.000 millones de deuda respaldada por el gobierno central, la última pieza importante en la bancarrota. Además, el gobierno debe US$50.000 millones a los jubilados actuales y futuros.

Rosselló ha peleado con la Junta. La agencia prevaleció en la corte contra el gobernador en un enfrentamiento sobre cuánto podría gastar el gobierno. La Junta ha propuesto recortes a los beneficios de jubilación, mientras que Rosselló se niega rotundamente a reducirlos.

Los inversionistas, acostumbrados a los problemas de Puerto Rico, han mantenido los precios de la deuda en medio de la reciente agitación. Los bonos de obligación general de la mancomunidad con vencimiento en 2035, uno de los valores más activos del gobierno, se negociaron el miércoles a un promedio de 52,9 centavos por dólar, poco cambio respecto a antes de la publicación de los chats.

Las protestas de esta semana probablemente harán poco para alterar los hechos financieros.

"La agitación puede causar algún retraso, pero la Junta Fiscal todavía va a restaurar la responsabilidad fiscal, el acceso al mercado y la deuda", asegura Martin Bienenstock, abogado que representa a la agencia en la corte de bancarrota.

Arrestos de la administración
Mientras tanto, Rosselló está acosado en muchos frentes.

El huracán María devastó la isla, matando a miles de personas. El Congreso ha asignado unos US$42.500 millones en ayuda por desastres, pero Puerto Rico ha recibido solo unos US$13.600 millones, según el gobierno federal.

La capacidad de Rosselló para obtener el dinero de Washington está en duda. El presidente Donald Trump se ha mostrado reacio a ayudar a la mancomunidad, bajo el argumento de que el gobierno es corrupto y poco confiable. Rosselló, enojado, lo negó. Luego, dos exmiembros de alto rango de su administración fueron arrestados la semana pasada por cargos de robo, lavado de dinero y fraude electrónico.

Eso preparó el escenario para el escándalo que algunos llaman "Ricky Leaks". Los medios de comunicación locales publicaron mensajes entre el gobernador y sus ayudantes que utilizaban un lenguaje misógino y denigraba a sus oponentes y a los puertorriqueños comunes.

En una charla, Rosselló se refiere a Melissa Mark-Viverito, la expresidente del Consejo de la Ciudad de Nueva York, nacida en la isla, como una "puta". Cuando Christian Sobrino, un funcionario financiero clave, sugirió que estaba "salivando" ante la idea de dispararle a la Alcaldesa de San Juan, Carmen Yulin Cruz, Rosselló respondió: "[M]e estarías haciendo un favor".

Las calles explotaron. Los cantantes Residente y Bad Bunny, que se encontraban en el mitin del miércoles por la noche, lanzaron un sencillo improvisado pidiendo a Rosselló que renunciara, en el que lo llaman –en un lenguaje profundamente descortés– corrupto.

El representante de EE.UU. Raúl Grijalva, un demócrata que preside el comité de la Cámara de Representantes que supervisa la isla, pidió la renuncia de Rosselló.

El gobernador, que se enfrenta a la reelección en 2020, ha dicho que no renunciará, pero las consecuencias ya han obstaculizado su administración.

El secretario de Estado, Luis Rivera Marín, quien también se vio envuelto en el escándalo de los chats, se irá. Según la constitución de Puerto Rico de 1952, sería gobernador si Rosselló renuncia. La siguiente en la línea de sucesión es la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez.

Quienquiera que sea gobernador estará bajo una intensa presión popular para luchar contra la Junta Fiscal. El miércoles por la noche, los manifestantes gritaban: "¡Ricky, vete a casa y llévate a la Junta!"

Brad Setser, un exfuncionario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que trabajó en la legislación federal que creó la junta, dice que un gobernador en guerra con la agencia podría obstaculizar la capacidad de la mancomunidad para curar su economía y sus finanzas.

"La Junta tiene una gran autoridad, legalmente hablando, pero normalmente pensaría que si está renegociando las deudas de Puerto Rico, querrá que el gobernador esté de su lado", asegura Setser. "Sería incómodo hacer una reestructuración que no tenga el respaldo implícito del gobernador".

Lo que está claro es que Rosselló ha perdido explícitamente el respaldo de muchos constituyentes.

"Es completamente inmoral", dijo el miércoles Nancy Alvarado, de 64 años, mientras se sentaba en un muro bajo en el barrio colonial de San Juan y veía pasar a los manifestantes.