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Los republicanos están apuntando a iniciativa de registro de votantes de hace tres años para arrastrar a la administración Biden
Los republicanos están apuntando a una iniciativa de registro de votantes de hace tres años para arrastrar a la administración Biden a peleas judiciales y sembrar sospechas sobre las elecciones de noviembre meses antes de que los estadounidenses acudan a las urnas.
El último caso fue presentado por fiscales generales estatales republicanos que afirman que una orden ejecutiva de la Casa Blanca que ordena a las agencias promover el acceso al voto interfiere ilegalmente en el poder estatal para organizar elecciones.
Demandas similares fueron presentadas a principios de este año por la campaña de Donald Trump y el partido republicano, legisladores estatales de Pensilvania y un grupo de defensa conservador.
Una demanda ya fue desestimada. Otras se presentaron el mes pasado y no está claro con qué rapidez actuarán los tribunales antes de las elecciones del 5 de noviembre, cuando los votantes decidirán quiénes serán el presidente y los legisladores federales de Estados Unidos.
Los críticos sostienen que las demandas son un intento de utilizar los tribunales para impulsar el mensaje republicano.
“Yo describiría estas quejas más como declaraciones políticas que como reclamos legales meritorios reales”, dijo Jonathan Díaz, director de promoción y asociaciones de votantes del Campaign Legal Center, un centro no partidista.
“Si hubiera habido alguna base para impugnar esta orden ejecutiva, probablemente se habría presentado antes de tres años después de su promulgación”.
El presidente Joe Biden firmó la orden ejecutiva en 2021, poco después del intento infructuoso de Trump de anular las últimas elecciones presidenciales con afirmaciones infundadas de fraude electoral generalizado.
La orden ordenaba a los jefes de agencias que exploraran formas de apoyar el registro de votantes, como compartir información en los sitios web del gobierno, poner formularios a disposición en las oficinas federales y asociarse con estados y organizaciones no partidistas para realizar registros en el lugar.
La orden dejó claro que cualquier acción de la agencia debía cumplir con las leyes estatales. Un portavoz del RNC se negó a hacer comentarios. Un portavoz del fiscal general de Montana, Austin Knudsen, que lidera la coalición que presentó la demanda esta semana, tampoco respondió a una solicitud de comentarios.
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