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Air-e todavía tiene una deuda con generadores y transmisores de $2,5 billones, señalaron que liquidación daría un mal mensaje al mercado
Luego del anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la liquidación de Air-e, las reacciones del sector ya muestran la preocupación por la decisión.
Esta vez, fue la Veeduría Ciudadana (que incluye a Comités Intergremiales del Atlántico y Magdalena, las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira, y la Andi Atlántico-Magdalena) la que señaló que el anuncio de la liquidación es irresponsable, imprudente y carece de sustento jurídico.
Señalaron que anunciar la liquidación de Air-e sin contar con un operador de reemplazo, sin plan de pago a generadores y sin garantías de continuidad el gobierno nacional viola el artículo 365 de la Constitución y las leyes 142 y 143 de 1994 y desconoce alternativas para asegurar la prestación del servicio como la administración temporal, la capitalización o la transferencia condicionada.
Sobre la posibilidad de trasladar la operación a Gecelca, comentaron que agravaría la deuda que se tiene con los generadores de energía en tanto que los acreedores cuentan con mecanismos para oponerse o controvertir operaciones que puedan afectar la satisfacción de sus créditos, lo que podría llevar a controversias y retrasos significativos.
Veeduría Ciudadana también resaltó que la liquidación de la empresa daría malas señales a los agentes del sector en tanto que aún no se han resuelto las obligaciones con generadores y transmisores, pues la deuda de Air-e aún es de $2,5 billones.
El gobierno deberá resolver que pasará con la prestación del servicio para 1,3 millones de usuarios. Los firmantes comentaron que quien asuma las operaciones deberá contar con experiencia comprobada, capacidad técnica, solidez financiera y la infraestructura necesaria "para atender uno de los mercados eléctricos más importantes del país".
"Hacemos un llamado al Gobierno Nacional, a la Superservicios y a las autoridades competentes para actuar con responsabilidad institucional, rigor técnico y transparencia, evitando decisiones o anuncios que profundicen la incertidumbre y puedan comprometer la estabilidad del sistema eléctrico colombiano. También solicitamos la intervención de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República para que actúen en esta situación con base en las facultades y responsabilidades que tienen", concluyeron.
La planta continuará prestando el servicio con una capacidad máxima de regasificación de 400 Mpcd. Es decir, bajaría su producción en alrededor de 133 mpcd
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